Este lunes, se conoció la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de procesar sin prisión preventiva al exintendente Nicolás Ducoté, por sospechas de corrupción en la utilización de fondos nacionales para obras públicas en el municipio de Pilar.
En esa línea, el juez fijó un embargo de 100 millones de pesos y la inhibición general de bienes, además de la prohibición para salir del país.
Tanto el exmandatario como varios de sus exfuncionarios, fueron procesados por el delito de defraudación contra la administración pública. Según lo dictaminado por González Charvay, “Nicolás José Ducoté, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.
Según publicó el portal local Resumen, el procesamiento es por las irregularidades cometidas en tres convenios firmados en 2016 por el Ministerio del Interior, que estaba a cargo de Rogelio Frigerio, y la Municipalidad. Y por esa razón, también se indagó a funcionarios nacionales, como los casos de Iván Kerr, exsecretario de Vivienda, y Mariana Klemensiewicz, exsecretaria de Infraestructura Urbana. Sin embargo, el juez dictó una falta de mérito en ambos casos.
Este es el resultado final del proceso que había comenzado con el análisis de los contratos cuestionados por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El fiscal Serio Rodríguez había señalado “nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”.
Por su parte, el propio Ducoté había respondido a esto en su indagatoria del 23 de junio pasado, y según las fuentes judiciales, el exintendente señaló que “la PIA realizó una investigación parcial omitiendo considerar las cuestiones técnicas y las normas de procedimientos administrativos de la provincia de Buenos Aires”.
Asimismo, consta que había agregado que “su gestión como intendente del partido de Pilar fue correcta y, en un todo, de acuerdo con la legislación vigente. Fundamentalmente, rechazó categóricamente que no se haya realizado una correcta distribución de los recursos girados por Nación y manifestó que se ejecutaron las acciones necesarias para el cumplimiento del mejoramiento habitacional de los vecinos de Pilar, objetivo del convenio suscripto”.
Y finalmente, había explicado que “la lógica utilizada por el Ministerio Público Fiscal para analizar los procesos de la administración pública provincial era errada por no utilizar parámetros que se condigan con la ejecución de los procesos administrativos avalados por la normativa provincial”.
Más allá de eso, González Charvay decidió que había elementos suficientes para procesar a Ducoté y a los exfuncionarios municipales que consideró involucrados en las maniobras relacionadas con un total de 460 millones de pesos, que habían llegado para microcréditos, y obras de infraestructura en Monterrey y Peruzzotti.