Investigaciones - ArtículosReforma judicial: ¿la nueva impunidad?

Armando Borgeaud31 julio, 2020

Por Roberto Gargarella… Extraído del blog del autor “ Seminario Gargarella “ con su autorización.

El hecho fundante de la Argentina democrática es, seguramente, el Juicio a las Juntas -un acto histórico y de una dignidad insuperable, del que podremos estar orgullosos el resto de nuestras vidas. A través de dicho proceso, la Argentina se afirmó en la búsqueda de justicia frente a los peores crímenes cometidos en su historia, y contra la impunidad que habían intentado asegurarse los propios perpetradores de aquellos crímenes.

Es difícil no reconocer la relevancia histórica de aquel evento, cuando se consideran datos adicionales como los que a continuación enumero (datos que presento como forma de respaldar lo afirmado, antes que como medio para convencer a los escépticos): no había, por entonces, casi antecedentes de un juicio semejante (salvo en situaciones excepcionalísimas, como las que se habían dado en Alemania y Japón, contra los jerarcas nazis; o los juicios hechos en Grecia contra “los coroneles” derrotados por Turquía, en la guerra de Chipre); en toda América Latina, la Argentina quedó sola en su iniciativa de llevar ante la justicia a los principales responsables de los crímenes cometidos por las dictaduras que dominaron la región en los años 70 (toda América Latina optó, desde un principio, por una de dos estrategias principales: el perdón y el olvido); el país desarrolló todo el Juicio a las Juntas bajo la amenaza verosímil de un nuevo “golpe de estado” (contábamos, por lo demás, con el tétrico antecedente de medio siglo sin que un gobierno democrático cumpliera con su mandato); y, para colmo, la dictadura se había auto-amnistiado antes de dejar el poder, lo cual imponía un obstáculo jurídico adicional para el desarrollo del Juicio -obstáculo que la principal alternativa política del momento aceptaba, por considerarlo insalvable.

Esa digna búsqueda de justicia recorrió, desde entonces, toda nuestra vida política. La sociedad argentina, para muchos claudicante y cómplice, fue en los hechos capaz de ponerse de pie, una y mil veces, para sostener aquellos juicios e impedir los múltiples intentos que aparecieron, desde mediados de los 80, con el objeto de reinstaurar la impunidad en alguna de sus formas: desde las “instrucciones a los fiscales”, o las leyes de “punto final” y “obediencia debida” (que impulsó el alfonsinismo, desde su debilidad); a las distintas variantes del perdón y el “indulto” (que impulsó el menemismo, desde su fortaleza).

La primera pregunta que me planteo frente al escenario descripto, es la siguiente: ¿cómo leer ese extraordinario acuerdo que nos une (ese consenso de “nunca más” frente a la impunidad)? Al respecto, tengo una sospecha y -aún para el caso de que mi sospecha sea cierta- una esperanza. Mi sospecha es que lo que nos une es algo muy importante pero también muy estrecho: lo que reclamamos en común es -nada más y nada menos que- el “juicio y castigo” a quienes participaron del Proceso de Reorganización Nacional.

Mi expectativa es, sin embargo, mayor, y tiene que ver con una búsqueda más ambiciosa: confío en que estemos embarcados en una lucha común frente a los habituales excesos del poder, y movilizados contra la impunidad que el poder busca siempre para sí mismo (por eso, todos reconocimos, con indignación y horror, aquello que el empresario Alfredo Yabrán afirmara sin margen alguno de dudas: “¿Qué es el poder?: Poder es tener impunidad”).

Mi esperanza es que haya un hilo de acero, indestructible, que vincule a la lucha contra la impunidad que llevó adelante mi generación, con el hastío y enojo que siguieron generando -en nuestro país, como en tantos- décadas de abusos e impunidad del poder, desde entonces a hoy. Este país no quiere más la impunidad del poder, y hace décadas que pelea contra semejante atropello.

Señalo lo anterior, sin embargo, con una preocupación renovada. Ocurre que, amparados en la quiebra irreparable del sistema representativo, y el deterioro que se fue extendiendo sobre el esquema de controles (los dos grandes síntomas de la denominada “erosión democrática”), los poderosos de turno han seguido en su búsqueda irrefrenable de más poder, y por tanto, de más impunidad.

De hecho, podría decirse que el principal motor de todas las reformas de la justicia que ha impulsado el poder, en los últimos 30 años (ampliaciones de la Corte; reformas penales; “democratización de la justicia”) se han dirigido siempre a esos mismos objetivos: más poder, más impunidad.

Resulta doloroso admitirlo, pero la exigencia colectiva de una reforma profunda al Poder Judicial (Poder al que la sociedad considera, con razón, desprestigiado, poderoso, corrupto, millonario, poco democrático) fue utilizada, una y otra vez, como excusa para insistir sobre lo mismo: impunidad para los amigos, venganza para los enemigos.

En vísperas de una nueva reforma judicial, tenemos todas las razones para temer una nueva repetición de la vieja historia. Que quede claro, entonces, desde temprano: sabemos que la justicia está en crisis, exigimos la reforma judicial, necesitamos democratizar al Poder Judicial, pero por eso mismo -y porque aprendemos de la historia- seguiremos oponiéndonos a todo nuevo regalo de los Aqueos, en forma de Caballo de Troya.

Roberto Gargarella: datos para una biografía ( breve )

Abogado por la Universidad de Buenos Aires en 1985. Sociólogo por la Universidad de Buenos Aires en 1987. Master en Ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Bs.Aires, en 1990. Doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires en 1991.

Es Master of Laws (LL.M.) en 1992 y Doctor en Jurisprudencia (J.S.D.) en 1993, ambos por la University of Chicago Law School. Cursó sus estudios postdoctorales en el Balliol College, Oxford, en 1994.1

Fue investigador del Centro de Estudios Institucionales desde 1989 hasta 1991. Fue profesor visitante en Columbia University en 2003, en la New York University en 2000, en la Universidad de Bergen en 2003, en la Southwestern University School of Law en 2002, en la Universidad de Oslo en 1997, y en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona de 1993 a 1999. Actualmente se desempeña como Profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.

Fue becado varias veces por la Fundación Antorchas, por el British Council, y por la John Simon Guggenheim Foundation.

Ha sido, entre otros puestos académicos, profesor en doctorado en Sociología, profesor de Filosofía Política, Filosofía del Derecho, investigador del CONICET.

En 2014 recibió el Diploma al Mérito de los Premios Konex en la disciplina “Ensayo Político y Sociológico” y nuevamente en 2016, esta vez en la disciplina “Teoría y Filosofía del Derecho”. En julio de 2019 es nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valparaíso (Chile).

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