Agresiones, injurias, comentarios discriminatorios y otras expresiones agresivas están en el laboratorio del Gobierno. Hay un proyecto de ley que propone eliminar todo comentario agresivo de la web e instituir penas para los agraviadores.
El proyecto, presentado por los legisladores kirchneristas Diana Conti, Andrés Larroque, Carlos Heller y Remo Carloto, ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Derechos y Garantías. Está avanzando hacia las de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión.
La iniciativa propone reprimir con penas de un mes a tres años de prisión a quien alentare o incitare a la persecución, el odio, la violencia o la discriminación contra una persona o grupo de personas mediante mensajes publicados en Internet. Esto incluye a los administradores de medios web que permitan ese tipo de posteos. Lo que descartó es la posibilidad de cerrar webs por 30 días, que había sido propuesta inicialmente.
Para el experto en comunicaciones José Crettaz casi cualquier comentario publicado en Internet podrá ser considerado un "acto discriminatorio" y se invertirá la carga de la prueba (quien sea acusado de discriminador deberá demostrar que no lo es); las páginas web, blogs, redes sociales, agencias de noticias, medios de prensa, diarios online, revistas electrónicas y demás medios digitales deberán instar expresamente a sus foristas a evitar esos comentarios, serán responsables por lo que se publique en esos espacios y tendrán que "adoptar las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios", lo que podría ponerlos a un paso de la censura previa, según explicó Crettaz enLa Nación.
Ésta es la síntesis de un proyecto de ampliación de la ley antidiscriminación en vigor -sancionada en 1988- que avanza rápidamente en la Cámara de Diputados. Básicamente, la iniciativa amplía enormemente el concepto de "acto discriminatorio" e incorpora Internet y los medios de comunicación al alcance de la normativa.
Será considerado contenido discriminador todo mensaje publicado en las plataformas de contenidos producidos por los usuarios que "a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, mensajes, valores, íconos o signos transmita y/o reproduzca dominación y/o desigualdad en las relaciones sociales, naturalizando o propiciando la exclusión o segregación en razón de pretextos discriminatorios", enuncia el Proyecto.
Los administradores de las plataformas serán responsables por lo que se publique, así que deberán instar expresamente a sus foristas a evitar ese tipo de comentarios de dos maneras: "a) Informar sobre el carácter discriminatorio de un contenido y la legislación vigente al respecto; b) disponer y hacer pública una vía de comunicación para que los usuarios denuncien y/o soliciten la remoción del material que se encuentre en infracción a esta ley".
La persona afectada por un acto discriminatorio podrá presentar la denuncia ante la autoridad administrativa, policial o judicial, quienes tendrán la obligación de recibirla. Se establece la gratuidad de los procedimientos ante la administración pública y el beneficio de litigar sin gastos ante la justicia.
Quien por acción u omisión cometa un acto de discriminación será obligado judicialmente, a pedido del afectado, a dejarlo sin efecto o a cesar en su realización, así como a "indemnizar las consecuencias patrimoniales y no patrimoniales ocasionadas", determina la normativa presentada.