La norma legal, conocida también como “Ley Bonasso”, es letra muerta porque no se cumple, mientras tanto una hectárea completa de bosque nativo es desmontada porque en el país se pierde esa extensión cada dos minutos. Así que saque la cuenta.
Por Daniel Diaz Romero* (PRENSA RED)
Dieciseis provincias presentaron sus propuestas de ordenamiento de bosques nativos, de las cuales, la Secretaría de Ambiente de la Nación, rechazó dos: la de Córdoba por no cumplir con los requisitos mínimos de conservación de sus bosques y la de Corrientes por enfrentamientos políticos. Otras provincias presentaron propuestas polémicas, como Formosa, que habilitó gran parte de su territorio para el desmonte y fue aprobado sin objeciones desde el gobierno nacional.
Desde hace décadas nuestro país atraviesa un proceso de emergencia forestal. En gran medida, por la expansión de la frontera agropecuaria y el auge -en la última década- del cultivo de la soja transgénica: en 1991, la relación bosque-cultivo sojero era de 7 hectáreas a 1 hectárea. a favor de los bosques. En el año 2009, la relación varió drásticamente: 1,62 hectáreas a 1hectárea. En otras palabras, entre 1991 y 2009 los bosques se redujeron un 14%.
Ante este panorama se establecieron los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración y conservación de los bosques nativos, mediante una ley sancionada el 28 de noviembre de 2007 en el Parlamento Nacional. De esta forma, nació la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, promovida por el entonces diputado nacional Miguel Bonasso.
La norma surgió originalmente para frenar el avance de la frontera agropecuaria en el Norte y Noroeste argentino, que sufrían desmontes irracionales.
La Ley, además, creó un Fondo Nacional para la Conservación. En ese marco, las provincias debieron cumplir con la elaboración y sanción de su propio Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN), que implicaba la clasificación de sus bosques, de acuerdo a distintas categorías de conservación y de uso.
Todo hacía suponer que se implementaba una política ambiental de estado, una mirada que se imponía, desde hacía décadas, en Argentina.
Sin embargo, mientras usted, lee estas líneas, una hectárea completa de bosque nativo es desmontada, pues en el país se pierde esa extensión cada dos minutos. Cerca de 300.000 hectáreas de monte –calculan los especialistas-se pierden anualmente.
Desde la Secretaría de Ambiente de la Nación son optimistas: “En la evaluación realizada a finales del año pasado, por imágenes satelitales, constatamos que se frenó un 50 por ciento la deforestación y que en las provincias con mayor superficie boscosa del país, entre ellas Chaco, se comprobó que la deforestación ilegal manifestó un importante retroceso”.
Los bosques no son solo un paisaje; encierran un complejo universo de vidas secretas: recursos naturales y genéticos, servicios ambientales que se entrelazan con culturas campesinas de quienes habitan los territorios boscosos en nuestro país.
Desde Greenpeace, afirman que “de los bosques obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia: alimentos vegetales y animales, maderas y medicamentos entre otros productos. Los bosques juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por ello, las bosques son el patrimonio natural más importante pero también el más amenazado”, concluyen los ambientalistas.
Los desmontes irracionales producen pérdida de biodiversidad, desertificación e inundaciones. En este proceso de destrucción cientos de campesinos e indígenas –tradicionales ocupantes de nuestros bosques- son desalojados por las topadoras, y muchas veces esto sucede con permiso de las provincias.
En este mapa de conservación, aun quedan algunas provincias que no presentaron sus propuestas, como es el caso de La Rioja, para sumarse a los distritos que la Ley considera aptos para recibir fondos, destinados a Planes de Manejo y Conservación de Bosques.
Culturas emboscadas
Cuando diferentes sectores propiciaron la sanción de la Ley de Bosques en Argentina, no lo hicieron solo con el ánimo de proteger los bosques como paisajes; organizaciones sociales, campesinas e indígenas de todo el país, como la Federación Agraria Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Organización de Pueblos y Naciones Indígenas en Argentina (ONPIA) y la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) manifestaron su preocupación ya que “en este proceso de destrucción del medio ambiente cientos de familias campesinas e indígenas son desalojadas, en muchos casos de manera violenta”.
Por eso, la “Ley Bonasso” establece una moratoria para los desmontes en todo el país, a partir de la cual cada provincia debe desarrollar un ordenamiento territorial en las zonas de bosques nativos para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales.
Las estadísticas son escalofriantes: por año se desmontan 250.000 hectáreas de monte nativo, principalmente en la eco-región del Chaco Seco, donde se produce el 70% de la deforestación por la expansión agrícola y ganadera.
El Chaco Húmedo y la selva de las Yungas de Salta y Tucumán forman parte también de la lista de áreas amenazadas. La Selva Misionera alberga la más alta biodiversidad del país, pero sólo queda un 7% de la superficie original. A la destrucción del bosque para conversión en tierra de cultivo se le suma el reemplazo de selvas por forestaciones implantadas, para uso industrial.
Los bosques: ¿un barril sin fondos?
Los fondos que ofrece la Ley de Bosques deben ser utilizados para retribuir a los productores y a las provincias que conservan sus bosques. Ese es el espíritu de la Ley.
Sin embargo, en una carta dirigida a los jefes de bloque de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Fundación Vida Silvestre Argentina, y Fundacion Ambiente y Recursos Naturales, además de asociaciones de productores y de la industria foresto-industrial manifestaron su preocupación frente a la insuficiente partida prevista en el proyecto de Ley de Presupuesto 2013 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional para la conformación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Según estas organizaciones, el actual Proyecto de Ley de Presupuesto, asignó al Fondo menos del 10% de lo estipulado por la Ley de Bosques.
Provincias como Tierra del Fuego, San Luis, Misiones, Salta y Chaco, vienen reclamando hace un tiempo sobre ésta problemática.
Colores primarios
La Ley de Bosques establece que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque. Así, zonifica los bosques de la siguiente manera:
* Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse ni utilizarse para la extracción de madera y que deben mantenerse como bosque para siempre. Incluirá las reservas naturales y sus áreas circundantes, que tengan valores biológicos sobresalientes, y/o sitios que protejan cuencas hídricas de importancia (nacientes de ríos y arroyos).
* Categoría II (amarillo): sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
* Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de una Evaluación de Impacto Ambiental.
* Periodista y colaborador de la revista umbrales del Cispren.