Columna de opinión: Las causas e incentivos de la inseguridad

Carlos Riedel23 febrero, 2023

Por Ricardo Runza*... En Argentina, la capacidad del Estado nacional para prevenir, responder y mitigar amenazas a la seguridad de origen humano o natural representa un gasto anual de 2,2% del PBI (2018). Este dato puede estimarse en función de la definición de sector “Seguridad” de un Estado.

Es decir, el sector conformado por todos aquellos organismos del Estado que tienen funciones permanentes o transitorias para prevenir, responder y mitigar las amenazas que pueden impactar en esa sociedad.

Como Argentina es un país republicano, el sector se compone con organismos de los tres poderes. Como además es un país federal, deben sumarse al nacional el sector seguridad de las 23 provincias y la CABA y el de los más de 2.000 municipios que a su vez tienen sus pequeños sectores seguridad. Todo este conjunto consume un estimado del 5% del PBI argentino aproximadamente.

Poner al tanto al lector cuales organismos del Poder Ejecutivo integran el sector seguridad de un Estado es casi una obviedad. En cambio, pocos se percatan de la importancia que tienen el Legislativo como el Judicial. El Poder Legislativo tiene comisiones parlamentarias con roles fundamentales para que el sistema de seguridad de un Estado funcione adecuadamente.

El Poder Judicial nacional y provincial) mitiga aquellas amenazas que tienen su tipificación en el Código Penal. Pero en Argentina, además, por el modelo de aplicación de la Ley que posee, este poder es responsable de la respuesta. El Ejecutivo es un auxiliar de éste. En este contexto, es el fuero penal una organización con funciones permanentes. Y en los municipios, hasta los Jueces de Faltas intervienen en cuestiones de inseguridad vial, que, en Argentina, es la causal que más muertos ocasiona.

Por lo tanto, puede inferirse que el sector seguridad de un Estado es un sistema, una especie de reloj con muchas partes dentro de él. Engranajes que lo hacen funcionar y da un resultado que en Argentina para todos es insatisfactorio. Esto hace suponer que no es una cuestión de presupuesto. Se malgastan 5 puntos del PBI todos los años.

No es una cuestión administrativa, ni logística ni operativa. No es una cuestión de Leyes o Códigos. Ya hemos visto muchas veces que se cambian y no funcionan. Estos problemas son secundarios frente al sistema en su conjunto que no funciona y tiene un problema estructural en su diseño, en su formato organizacional, en los incentivos que tiene para que todo funcione tan mal desde la perspectiva de los intereses de los ciudadanos.

El caso Blaquier y las declaraciones impotentes del ministro de Seguridad Sergio Berni, desnudaron una vez más como ejemplo este problema en la Provincia de Buenos Aires, igual que miles de casos en todo el país.

Según Samuel Huntington, un interés se alinea por el control. Y para que eso sea posible para los ciudadanos, el diseño del Estado debe permitir mecanismos de control ciudadano indirecto como ocurre en los EE.UU. a nivel federal y directo como en el estado de Florida a nivel provincial. Aquí esos controles son inexistentes. Además deben complementarse con controles políticos objetivos, no solamente subjetivos.

En Argentina existen solo los subjetivos. Para corregir esto se necesita un cambio de diseño del Estado. Por ende, los problemas de diseño del sector seguridad del Estado necesitan reformas nacionales y provinciales.

No solo leyes que se consiguen con simple mayoría. Cambios estructurales que corrijan los incentivos y los alineen con los intereses de la sociedad. Veamos dos ejemplos:

1) Al eliminarse en 1994 el Colegio Electoral, los votos que valen son los que están en los grandes conglomerados urbanos; por esto el sistema político electoral promueve que el poder político procure que las fuerzas de seguridad vayan al conurbano bonaerense en vez de estar en las fronteras. El principal interés de la política para llegar al poder y mantenerse es desvirtuar la seguridad interior del país. Con fronteras desprotegidas el narcotráfico penetra descontroladamente hasta llegar a los barrios.

El resultado: un incentivo desalineado con el interés del ciudadano que trae como consecuencia, por ejemplo, Rosario. La Línea Maginot no puede estar en la casa del vecino, tiene que estar en la frontera y -en lo posible- donde se produce el insumo. El narcotráfico es una amenaza externa que impacta en nuestro país y como tal debe ser tratado. La sed por el poder ciega a la elite política.

2) Si uno mira una foto satelital del AMBA o bien viaja por avión puede observar una extensa continuidad demográfica. Ni Nueva York ni San Pablo ni México DF están organizados políticamente igual. En el Área Metropolitana de Nueva York (que tiene el mismo territorio que CABA más el primer cordón del conurbano) hay una sola autoridad política: el Alcalde de Nueva York.

Puede haber allí una única visión, existir una política y sobre todo un único sector seguridad alineado a los intereses de una población en ese territorio. En el siglo XIX los partidos de Flores y Belgrano se anexaron a la ciudad de Buenos Aires. Algo similar hay que hacer ahora para que la organización del AMBA esté a favor de los intereses de la ciudadanía y su seguridad. El AMBA necesita un único gobierno y una Policía y una Justicia ordinaria común para todo ese territorio, CABA incluida. Lo que tiene ahora es inviable.

Sólo estos dos ejemplos muestran la complejidad del cambio en función de los intereses de la sociedad. Hay mucho más por cambiar. No se soluciona con leyes mágicas ni discursos facilistas. No amerita populismo ni parches. Por eso la seguridad argentina enfrenta problemas estructurales más difíciles que la economía.

*Ingeniero aeronáutico, Magister en Defensa Nacional.