Aprueban una indemnización para las víctimas de un ataque montonero

Se votó en Diputados el resarcimiento para las familias de los muertos en la toma de un regimiento en Formosa, en 1975; el kirchnerismo se mostró dividido.

Por Gabriel Sued | LA NACION

La última sesión del año en la Cámara de Diputados estuvo a punto de caer. ¿El motivo? Un proyecto de ley que se votó sobre tablas para indemnizar a víctimas del ataque que Montoneros perpetró en 1975 a un cuartel de Formosa, lo que se conoció como "Operación Primicia".

La iniciativa fue incluida en la sesión, con el respaldo de dos tercios de los diputados presentes. Luego se aprobó y se giró al Senado, con 135 votos a favor y apenas 18 en contra. Pero varios detalles del trámite dejaron en evidencia las discusiones que generó el tema entre los diputados, en especial dentro del bloque del kirchnerismo, que quedó partido como pocas veces antes. "Esto avala la teoría de los dos demonios. Es una locura", dijo a uno de los oficialistas que votó en contra.

Hubo 43 abstenciones, de parte de legisladores de casi todas las bancadas. Pese a que se trataba de una cuestión delicada, se aprobó sin debate. Por un acuerdo entre el oficialismo y la UCR, la iniciativa ni siquiera fue defendida en el recinto por los autores del proyecto: el radical Ricardo Buryaile y el kirchnerista Juan Carlos Díaz Roig, ambos de Formosa. Además, para facilitar su aprobación, los promotores del proyecto aceptaron retirar los fundamentos de la iniciativa.

En el primer párrafo del texto que se eliminó se afirmaba que el ataque de Montoneros, cometido durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, había "ayudado a precipitar el golpe de 1976". Más abajo, se argumentaba que los familiares de los montoneros muertos en el operativo ya habían cobrado una indemnización y se agregaba: "Con justa memoria, y sin rencores innecesarios que nos impiden avanzar hacia un futuro mejor; destacando la defensa de la vida y censurando la violencia, busquemos un futuro auspicioso de todos y con todos".

El articulado de la iniciativa propone indemnizar por única vez, con un monto de 1 millón de pesos, a cada una de las familias de 16 personas muertas en el ataque al regimiento de infantería Monte 29, en los suburbios de la ciudad de Formosa.

Entre ellas, había diez conscriptos, dos civiles, dos policías provinciales y sólo dos militares profesionales: un subteniente y un sargento. Todos fallecieron en la tarde del domingo 5 de octubre de 1975, durante los enfrentamientos desatados luego de que más de 50 integrantes de Montoneros intentaron copar el regimiento.

Cuando las diferencias en el oficialismo ponían en riesgo el tratamiento de la iniciativa, intervino Buryaile. "Este proyecto lo hemos trabajado, lo hemos acordado y hemos cumplido pactos políticos con algunos amigos del oficialismo. Se trata de dar solución a «soldaditos» que fallecieron en el año 75 en Formosa", dijo.

Pero incluso después de que se retiraron los fundamentos, se mantuvieron las diferencias en el oficialismo. De los 97 kirchneristas presentes en la sesión, 51 votaron a favor, 30 se abstuvieron y 16 votaron en contra.

"El Estado hace reparaciones sobre las acciones del Estado. En los casos de la AMIA y de la embajada de Israel, el Estado indemnizó a las familias por la falta de justicia", argumentó otro de los diputados kirchneristas que se opuso y que sostuvo que la iniciativa no contaba con el respaldo de la Presidenta.

Del análisis de la votación nominal no surge un patrón claro de la línea divisoria en el bloque oficialista. Entre los que se opusieron al proyecto están Remo Carlotto, hijo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; Leonardo Grosso, líder de la JP Evita; la chaqueña Sandra Mendoza y Adela Segarra.

Por la abstención optaron, entre otros, Edgardo Depetri, líder del Frente Transversal; el socialista Jorge Rivas y Agustín Rossi, presidente del bloque. Apoyaron el proyecto la mayoría de los diputados de La Cámpora, entre ellos "El Cuervo" Andrés Larroque y Eduardo "Wado" De Pedro, y un histórico del bloque como José María Díaz Bancalari. "Eran conscriptos que no tenían nada que ver con los enfrentamientos de esos años", justificó uno de los diputados que respaldaron el proyecto.

Otro que votó a favor fue Carlos Kunkel, ex integrante de Montoneros, que, según oficialistas y opositores, fue uno de los que más trabajó para el éxito de la iniciativa.

El proyecto de ley:ARTÍCULO 1° - Establécese una pensión graciable para aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y/o privadas de su libertad, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles.

b) Haber sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares por actos emanados de unidades o tribunales militares o especiales o consejos de guerra, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional.

c) Haber sido privadas de su libertad por Tribunales civiles, en virtud de la aplicación de la Ley Nº 20840/74 y/o del Art. Nº 210 bis y/o 213 bis de Código Penal y/o cualquier otra Ley, decreto o resolución de esa índole, habiendo permanecido detenidas bajo el régimen de "detenidos especiales", violatorio de los Derechos Humanos amparados constitucionalmente.

ARTÍCULO 2° - La pensión graciable establecida en el presente régimen es de carácter independiente de cualquier otra reparación que hubiere lugar, para toda persona comprendida por el objeto de la presente ley, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada correspondiere, por daño moral, físico y/o psicológico a consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión prolongada y vejatoria a la que haya sido sometida. No serán comprendidas las personas que resulten beneficiarias de una prestación Nacional, Provincial o municipal de la misma naturaleza y emanadas de las mismas situaciones, quedando a su criterio el derecho de poder optar por esta u otra pensión.

ARTÍCULO 3° - En caso de fallecimiento del beneficiario serán acreedores al beneficio los derecho-habientes en el siguiente orden:

a) Cónyuge supérstite o concubina que pruebe la convivencia de acuerdo a la normativa previsional vigente.

b) Hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta su mayoría de edad.

c) Hijos incapacitados para el trabajo, mientras dure la incapacidad.

ARTÍCULO 4°- La aplicación del presente régimen, al contribuir desde el Estado Nacional a la reparación de Delitos de Lesa Humanidad, se ampara en la imprescriptibilidad de los mismos, por lo que determina la no existencia de plazos máximos temporales de presentación para ejercer los derechos que el Régimen otorga.

ARTICULO 5° - El beneficio que establece la presente ley será igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría D -que cuenta con un total de 470 unidades retributivas- del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional en los términos que establezca la autoridad de aplicación, conforme al Decreto 2098/08 del convenio SINEP.

Artículo 6° - La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación será el órgano de aplicación del presente régimen, y tendrá a su cargo la articulación con las áreas del gobierno involucradas con la presente Ley, quedando a su cargo la coordinación, difusión, asesoramiento de los beneficiarios y el diseño y la ejecución de un plan sistemático y riguroso de monitoreo de su aplicación pudiendo dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueren necesarias a fin de dar cumplimento a lo establecido en la presente ley y resolver sobre la procedencia del beneficio en forma sumarísima. Artículo 7° - Los fondos necesarios para implementar el presente régimen serán provistos por el Tesoro Nacional.

Articulo 8° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.