Un documento que ya es parte de la historia; la historia de nuestros "pagos chicos", exclusivo de Enlace Crítico...
Prólogo Prof. Hector Baggio
A modo de aclaración
Sobre ausencias y exilios
En el presente trabajo existen errores de datación histórica referidos a que se contextualizan los hechos a partir de los asesinatos de los dirigentes locales de Campana, Alberto Armesto y Horacio Orostegui, situados en 1975, correspondiendo ubicarlos en el año 1973. Razón por la cual, si bien los hechos y personajes que se narran y/o describen no faltan a la veracidad de los mismos en el período 1975-1982, en el caso puntual mencionado, corresponde la salvedad comentada. Además, en la investigación que continúa a ésta (De solitarios sueños y utopías truncas), se realizan las aclaraciones del caso, más el hecho de enmendar el error de incluir a la vecina Silvia Gaitán en la lista de desaparecidos de Campana, que ha sido salvado en el nuevo libro de la siguiente manera: “Tal como ocurrió al consignar en las páginas 121 y 123, del volumen “Sobre ausencias y exilios”, a la vecina Silvia Gaitán (esposa de Lito Moreno), que figura en condición de desaparecida en el libro “Nunca más/Anexo”, con el N° de actor 01976 (pág. 179), como Gaitán de Romero, S./ LC: 11515202, cabe aclarar que la información es errónea, ya que Silvia continúa con su vida, a pesar de la ausencia de su esposo, Lito, desaparecido en el horror de la dictadura del ‘76”.
Por los errores cometidos en el primer trabajo que se realiza en nuestra zona sobre vecinas y vecinos desaparecidos, nuestra disculpas a quienes accedan al sitio para leer estas páginas y nuestro agradecimiento a quienes agotaron la edición del libro, tanto como a los vecinos de Campana y Zárate que adquirieron un bono para posibilitar la publicación, así como a la HCD de Bs.As., a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Campana y al Comité Provincia del PI, que aportaron económicamente a este proyecto.
A modo de introducción
Sobre ausencias y exilios
Si las cosas parecen relativamente explicables en la superficie –los propósitos, los métodos y las consecuencias- resta, no obstante, un fondo irreductible a toda razón, a toda justicia humana y es ahí, entonces, que el sentimiento de lo diabólico se abre paso, como si por un momento hubiésemos vuelto a las vivencias medievales del bien y del mal, como si, a pesar de todas nuestras defensas intelectuales, el demonio estuviese allí, una vez más, diciéndonos: ´¿Ven? Existo. Ahí tienen la prueba´. Faltaba ese círculo en el infierno dantesco, y los supuestos gobernantes se encargaron, en éstos últimos tiempos, de crearlo y de probarlo” (Julio Cortázar)
La historia argentina registra por lo menos dos casos de golpes militares signados por la improvisación: los de 1943 y 1955. El movimiento del 24 de marzo de 1976 se sitúa en las antípodas de estos; alguien ha escrito que “... dio en sus primeros pasos una sensación de serenidad y de estar ejecutando un plan perfectamente diseñado hasta en sus mínimos detalles”. A que las cosas sucedieran de esta forma contribuyeron varios factores, como por ejemplo la falta de respaldo que sufría el gobierno justicialista; pero lo fundamental fue el hecho de que los tres hombres que en aquel entonces ejercían la conducción de las Fuerzas Armadas fuesen inclinados a actuar más racional que impulsivamente.
Los comandantes sabían que esperar pacientemente el momento adecuado para derrocar a “Isabelita” daría un doble rédito, pues consolidaría en la población la imagen de ineptitud que ofrecía su gobierno y permitiría analizar la situación del país y escoger las mejores alternativas para aumentar las posibilidades de éxito de su futura gestión.
Las Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas, señalaba las tres fases por las que sucesivamente debía transitar el Proceso. En la “fase 1” las FFAA asumirían el poder y el control de la estructura del estado; en la “fase 2” designarían un presidente encargado de concretar el “reordenamiento institucional” que haga posible el restablecimiento de la forma representativa, republicana y federal de gobierno; mientras que en la “fase 3” se realizaría la transferencia progresiva a equipos civiles de las responsabilidades ejecutivas; esta última fase no llegó a darse en la forma en que la habían concebido los militares del ’76.
El Proceso esperaba prolongarse por un tiempo considerable, pero no se sentía destinado –al menos de palabra- a regir la vida de la Argentina por toda la eternidad. Una vez instalada la Junta Militar en el poder, consagró presidente de la Nación al Gral. Videla, para que éste a su vez pusiera en funciones a quienes por varios años quedarían a cargo de cada una de las dependencias estatales; todos ellos miembros del sector castrense, exceptuando las carteras de economía y educación.
El poder se repartió entre el presidente y los comandantes. Éstos desde 1976 quedaron a cargo de la conducción integral de sus fuerzas, lo cual implícitamente significaba, entre otras cosas, el control de la lucha contra la guerrilla. Se reservaron además el derecho de aprobar o rechazar las designaciones de jueces, embajadores y gobernadores. Y limitaron el poder del primer mandatario cuando una suerte de congreso en miniatura (integrado por tres generales, tres almirantes y tres brigadieres), crearon la Cámara de Asesoramiento Legislativo (CAL), que recibiría los proyectos de leyes elaborados por el Ejecutivo. Este sistema fue elaborado con la finalidad de que el poder no quedase concentrado en un único individuo y así no surgiese un “dictador” (como si Videla no lo fuera).
Ante los ojos del gran público, la Junta Militar pretendía dar una imagen de perfecta unidad, aunque internamente se hallaba dividida por las constantes fricciones entre sus 2 miembros principales, el Gral. Jorge Rafael Videla y el Alte. Emilio Eduardo Massera. Sin embargo ideológicamente no existían profundas divergencias, pues ninguno de ellos estaba adscripto a una línea muy definida.
El signo distintivo del Proceso pretendió ser el equilibrio: la misma denominación “Proceso”, en lugar de la tradicional “Revolución”, indicaba que esta era la línea elegida. Pero semejante postura exigía un nivel de claridad en la comprensión de los fenómenos políticos y sociales al que los militares no llegaron, y ello explica que tantas veces hallan hablado contradictoriamente al tratar de precisar el ideario del movimiento.
Los medios de comunicación -además de pasar Comunicados Oficiales del Estado Mayor Conjunto-, señalaban que comenzaba una nueva etapa en el país, veían en la figura del designado presidente, Videla, a un hombre de conducta, un católico con disciplina, que había egresado y había llegado a ser Director del Colegio Militar de la Nación, siendo muy respetado por sus camaradas de armas.
La mayor parte de los puestos públicos quedaron en manos de militares. En cuanto a los civiles que ocuparon los restantes, los partidos de centro-derecha, ideológicamente afines al régimen, constituían una importante reserva de potenciales dirigentes. El frondizista Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que había apoyado y promovido abiertamente el derrocamiento de Isabel, recibió como recompensa la Embajada de Brasil, en la figura de Oscar Camilión. Con amplitud de criterios se asignaron otras sedes: Lisboa, para el socialista Américo Ghioldi; Roma para el demoprogresista Martinez Raymonda; Moscú, para el líder del bloquismo Leopoldo Bravo; y el Vaticano, para el radical Rubén Blanco (con el consentimiento expreso de Ricardo Balbín).
No quedan muchos más políticos que nombrar, sólo en el nivel de las intendencias, se registra una mayoría de los representantes de los partidos. Se sabía que muchas personalidades del radicalismo, como otras agrupaciones de derecha, se sentían aliviados con el golpe de marzo, y en muchos casos colaboraron con el régimen militar, conservando sus antiguos puestos en el gobierno, como ocurriría con varios intendentes municipales, pero también estaban aquellos, la mayoría provenientes del radicalismo de “izquierda”, que estaban abiertamente opuestos a la Junta.
Estas situaciones se daban en el nivel local que analizaremos, para el cual intentar una aproximación al proyecto autoritario iniciado el 24 de marzo de 1976, presupone analizar el impacto sociopolítico que el golpe produjo en un entramado social campanense que sería hegemonizado en el corto plazo por un “bloque civil” (1) para el cual, al igual que a nivel nacional, “... puede apuntarse como decisoria la hegemonización desde los sectores detentatorios del poder, según sus intereses en cada coyuntura histórica y el mejor camino para su viabilización, ora acentuando los componentes autoritarios, ora dando un paso atrás y levantando los presupuestos democráticos, transformando dichos intereses en valores socialmente aceptados, legitimándolos como validos mediante su institucionalización, operando sobre la falta de homogeneidad social” (2).
Esa homogeneidad social de los sectores de poder distaba en nuestros medios de compromisos democráticos profundos patentizados por una actitud de indiferencia frente a la estructuración del aparato represivo, en la medida que podrían ver preservados sus intereses, fundamentalmente los empresariales y los vinculados al control de la producción simbólica (medios de comunicación, sistema educativo, instituciones socioculturales), más allá de la vigencia del sistema democrático.
En tal sentido, resulta paradigmático lo que ocurrió en el campo de la cultura, reforzó la imagen del pluralismo ideológico. Ni el filósofo Victor Massuh –designado embajador ante la UNESCO- ni el doctor Ricardo Bruera –Ministro de Educación- podían ser considerados representantes de tendencias cerradas, dogmáticas o reaccionarias.
Semejante pluralismo, sin embargo, se encargaría por si sólo de encontrar sus límites. A mediados de 1976, el círculo que rodeaba a Videla, en la búsqueda de una personalidad relevante para colocar al frente de la UBA, se inclinó por Alberto Constantini, presidente del Centro Argentino de Ingenieros. Lo que no esperaban era que el flamante rector, en el mismo acto en el que asumió su cargo defendiera la Reforma Universitaria de 1918; y los militares –que se hallaban en plena lucha contra el terrorismo y recordaban como las universidades constituían los principales centros de operaciones de las organizaciones insurgentes- no tenían ni la menor intención de ceder una espacio de poder tan significativo, ni siquiera pensaban permitir que las doctrinas marxistas alcanzaran una difusión teórica semejante a la del período reformista anterior a la “Noche de los Bastones Largos” con el intervencionismo de las universidades del dictador Onganía.
En octubre de 1976 una ley dispuso la creación de una novena cartera: la de Planeamiento, que sirve para rememorar el auge que tuvieron, por la década del ’60, las teorías difundidas por los “expertos” de las organizaciones internacionales que planteaban que la correcta planificación de la acción de gobierno constituía una de las claves del éxito de una gestión.
Como resultado de tales premisas a mediados del ’77, Planeamiento dio un esbozo de Proyecto Nacional que testimonia, en líneas generales, la equilibrada orientación ideológica de los hombres del Proceso. Distanciándose de todos los extremismos, el proyecto se esforzó por dibujar una sociedad deseada en la cual confluyeran los valores universalmente reconocidos: la libertad y la solidaridad, la participación y la paz, la dignidad de la persona y la vigencia del orden jurídico. El “objetivo supremo” de la Nación no debía ser sustituir el sistema institucional establecido por nuestra Constitución, sino fundar una Nueva República que asumiera y completara un legado que el poder autoritario no podía “refundar”, prescindiendo de los actores sociales que dan sentido y objetivos de bien común a una nación.
El golpe, esperado por gran parte de la sociedad argentina, que veía al gobierno de Isabel como un poder minado por la corrupción, la burocracia partidaria y sindical, y llevado adelante por hombres que perseguían intereses económicos particulares, valiéndose muchas veces de agrupaciones clandestinas como la Triple A, sintió un supuesto alivio que parecía ser la visión de la mayoría de la sociedad argentina, que especulaba con la posibilidad de que la tranquilidad y la paz eran atributos que sólo los militares podían procurarles.
El tiempo y los hechos demostrarían lo errado de quienes cifraron expectativas en unas salidas golpistas que devastaron al país y su gente; a punto tal que hombres de la cultura también creyeron que el “caos isabelino” sólo admitía la sujeción a un poder fuerte que controlara a las “bandas terroristas” y produjera cambios y mejoras que con el transcurrir del tiempo y el terrorismo de Estado, revertiría una opinión inicial sustentada por figuras como Borges o Sábato sobre una renovación en el ámbito cultural que tendría su más terrible referente en la desaparición de personas, antes que en la sensibilidad y el compromiso de las distintas manifestaciones culturales.
A pesar de esto, Sábato, cuando Alfonsín lo convocó para encabezar la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), ya se había enfrentado al régimen y la posibilidad de rescatar la memoria de miles de desaparecidos, hace presuponer que sus opiniones del ’76 habían cambiado.
En tal sentido y a efectos de nuestro trabajo, el informe de la CONADEP ha sido de central importancia para el análisis local, acotado al período 1976–1982, que también ha implicado relevar información en publicaciones de la época, tanto como charlas y entrevistas con personas que adquieren carácter de “informantes claves” para la realización del trabajo, que está enmarcado en un contexto nacional sobre el que existe bibliografía y que no agota, a nivel local o nacional, la multicausalidad de factores que cimentan los hechos acaecidos durante la dictadura iniciada en 1976.
Y que avanzada en el tiempo, desarrolló una “lucha” más frontal y más radicalizada, con una represión creciente que impedía cualquier tipo de militancia vinculadas a las “orgas” (por organizaciones); dictadura que también se dio una estrategia para con la prensa, a través de circulares que reglamentaban el manejo de la información y para lo cual no alcanzó el compromiso y la lucha militante de Rodolfo Walsh con su agencia ANCLA (acrónimo que ocultaba el nombre de Agencia Clandestina de Noticias), como forma de colaboración de “inteligencia” para Montoneros; para lo cual envía claves e informes a redacciones de diarios, revistas y a corresponsales extranjeros o nacionales, sobre aquellos temas sobre los que existía censura, denunciando acciones de represión o terrorismo de Estado, llegando mucha de esta información en forma rudimentaria, ya fuese manuscrita o mimeografiada. Pero esto tampoco alcanzaba, porque las repercusiones en los medios extranjeros no fueron muy diferentes a las plasmadas en nuestro país, y la prensa mundial hacía referencia a la situación caótica del régimen depuesto y tenían la esperanza que los militares encaminarían la situación.
Sumado a esto la mayoría de los gobiernos reconoció enseguida a la nueva Junta Militar Argentina, y el Fondo Monetario aseguró que el nuevo gobierno podía obtener un crédito stand by por U$S 300 millones, quedando sobreentendido que la política económica debía cambiar de rumbo, y para encabezar dicha transformación había sido designado en la cartera económica José Alfredo Martínez de Hoz, nieto del fundador de la Sociedad Rural Argentina, funcionario del Palacio de Hacienda con el Gobierno de José María Guido, integrante del directorio de varias empresas (Acindar, por ejemplo) y fundamentalmente hacedor de un “programa” que venía preparando su equipo desde 1975 y que implicaría pasar de una economía de especulación a una de producción, liberando variables económicas que, a la postre, favorecerían a unos (como el Chase Manhattan Bank, del que Martínez de Hoz era asesor) y que perjudicarían a otros (pequeños empresarios, trabajadores, jubilados, docentes, etc.) que sucumbirían en la “timba financiera” de la “plata dulce”, con altas tasas de interés, especulación y falta de inversión productiva; después de todo daba lo mismo “fabricar acero o caramelos”, en palabras que consagrara Martínez de Hoz.
Sin embargo a partir de 1980 la crisis estalló: aumentaron las quiebras y los bancos y financieras acumularon créditos incobrables; el peso fue devaluado en un 400 % y la inflación llegó al 100 %. En 1982, el Estado absorbió la deuda de los bancos y nacionalizó la deuda privada de las empresas, cuyo resultado fue el aumento de la deuda pública y privada del país; pero sobre todo el ’82 significó la etapa terminal del Proceso: la ocupación de Malvinas, el 2 de abril, y la posterior rendición ante los británicos, el 14 de junio, se convertía en uno de los factores que precipitaron la caída y abrieron a la sociedad argentina el espacio político que ya a fines de año comenzaba a ocupar la vida cotidiana de los argentinos que volvían a volcarse, después del más terrible silencio, en plazas y calles de todo el país, Campana incluida.
A pesar que durante el período 1976–1982, una nueva autocracia representada por el gobierno de las Fuerzas Armadas se hiciera de un poder cuyo objetivo final fue modificar todo el sistema de relaciones sociales y que para lograrlo demoliera muchas de las instituciones y organizaciones creadas por el peronismo, aplastando toda oposición política y llevando a cabo una guerra contra los grupos armados de la guerrilla, las “Bases” del Proceso cedieron sus cimientos desde que instalaron el terrorismo de Estado más feroz, que significó no sólo enfrentar esas acciones, sino también toda forma de participación popular en las escuelas, fábricas, barrios, reprimiendo toda expresión no conformista en las artes y la cultura, en síntesis; a todo cuestionamiento de autoridad, que también tuvo su correlato a nivel local, lo que ha implicado que recurramos (debido a la carencia de trabajos previos sobre el tema) a un análisis cuantitativo basado en la utilización de los “Anexos” del Informe / CONADEP y de la lista que hace varios años, se manejara en Campana a nivel de derechos humanos en los sectores sociales y políticos, que sirven de marco referencial para situar temporalmente las desapariciones de y en Campana, en forma provisoria.
Lamentablemente, muchas personas no figuran en los “Anexos” y muchas otras no han sido registradas; pero en la continuación de éste trabajo, más allá de lo que aportemos, es que esperamos que la precisión de los datos que relevemos contribuyan a la persistencia de una memoria colectiva que no puede, ni debe, prescindir de todos ellos.
Queda como norma del presente, la no especificación detallada de la agrupación u organización política de nuestros desaparecidos, salvo las que se infieran de entrevistas y sean transcriptas, ya que la violencia represiva, para ser tal, sólo admitió la categorización de las personas como “subversivas”, por el hecho de pensar distinto a lo que imponía el terrorismo de Estado.
En la primera parte, se analizan en forma global las características generales del gobierno de facto iniciado en 1976,teniendo en cuenta sus causas y la estructura político-económica del aparato represivo. Además se analizó la incidencia del “bloque civil” que acompañó el advenimiento de los militares en el poder.
Posteriormente pusimos énfasis en la información relevada con relación a la represión implementada dentro de la sociedad misma desde el poder político-militar, finalizando el análisis con las acciones de resistencia de determinados grupos frente a la política del terrorismo de Estado que se convertirían en las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
En la segunda parte del trabajo, abordamos el análisis de la realidad campanense en el período 1976/1982, partiendo del contexto previo que se daba en sectores de la sociedad campanense con el fenómeno de agudización de la violencia política y represiva; haciendo eje en los sectores que conforman el “bloque civil”, que se expresara a través de dirigentes o ciudadanos pertenecientes a las denominadas instituciones intermedias, tanto como por dirigentes políticos que en época de “veda política”, en algunos casos, recurren a la “representatividad social” que puedan o logren asumir; o por algunos gremialistas que no podían desarrollar la tarea específica sindical, sino que debían preservar la actividad social del gremio al que pertenecieran, condicionados generalmente por las instrucciones que les impartían desde el poder político de la dictadura.
En ese contexto de discutibles lealtades, de compromisos impuestos o aceptados con resignación o voluntariamente, están las “ausencias” y los “exilios” en nuestra ciudad, personalizados en vecinos, compañeros o amigos desaparecidos o exiliados.
Cierto: no son todos, ni la lista provisoria que intentamos confeccionar refleja la totalidad de los casos que incluyen a gente de Campana, ni la situación por la que pasaron militantes político-sociales está expresada en la dolorosa magnitud que podrían o deberían ser narradas; para lo cual entendimos que sería necesario otro trabajo a realizar en donde consten los testimonios u opiniones de cada caso particular que se analice, en la medida que dicho estudio o análisis excede el marco de esta aproximación inicial.
De todas formas, la posibilidad de “arrimarnos ”,de intentar abrir un modesta “picada” en la maraña de nuestra historia reciente del pago chico, es válida y nos “obligaba” a elegir, a seleccionar entrevistados y opiniones que nos brindaran(tanto como artículos, comentarios, editoriales periodísticas) información sobre lo que pasaba en esta “isla”, en base a la significación social que entendemos tenían en esos momentos cuando nuestros exiliados no estaban, ni nuestros desaparecidos aparecían siquiera en los tortuosos laberintos del Proceso.
Por eso esta primera mirada, que aspiramos alcance, al menos, para seguir tratando de ver más lejos.
Aún así, y a riesgo de cometer errores, creemos que el aporte de vecinos que vivieron o sobrevivieron al Proceso, desde acá o desde el exilio, tanto como la presencia de quienes permanecen en condición de desaparecidos, han contribuido para que, en este acelerado fin de siglo, podamos expresarnos a través de este trabajo, seguros de que no olvidamos.
Humildemente: damos fe.
Notas
(1) Duhalde, E. L.; Una Reflexión sobre el Bloque Civil del Terrorismo de Estado, págs. 386 – 388 – 390 – 392; en “Decíamos Ayer”; citado en la bibliografía general.
(2) Ibídem.
Un “paraíso” tan temido
Sobre ausencias y exilios
“Se llegó al extremo en que si me preguntan qué es lo sancionable no me creerían. Todo: hablar, cambiarse de banco, el pelo, preguntar el por qué de una sanción , tener la corbata floja...” (declaración de un alumno secundario a la Revista Contexto, Nro. 17)
“ (...) No ha existido tal doctrina. Ignoro las razones o los motivos que pueden tener quienes sostienen lo contrario. Asocian aparentemente su repudio a esa pretendida doctrina, a sus acervas críticas a los excesos o errores que pudieron cometerse durante la necesaria lucha contra el terrorismo subversivo en los años ´70...” ( Gral. Alejandro Lanusse, sobre la Doctrina de Seguridad Nacional)
Si bien la violencia en nuestro país no fue extraña en otras épocas, es difícil que se encuentre algún período comparable con el de los años ´70, durante los cuales miles y miles de hombres murieron en las manos de sus propios compatriotas.
La gestación de las fuerzas terroristas que actuaban en la Argentina al comenzar el Proceso tuvo lugar en la segunda mitad de la década del ’60. Es posible reconocer tres focos que acabaron por confluir en el terreno de la praxis: el del marxismo, el de la derecha y el del catolicismo.
Dentro de la tendencia marxista o de izquierda se pueden distinguir las siguientes:
* Las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) constituían uno de las agrupaciones más antiguas existentes en el país era la rama armada del Partido Comunista Marxista-Leninista; esta agrupación comenzaría a actuar en 1968; definían su origen como “producto del cierre de las instancias legales y pacíficas” para el accionar político, sosteniendo que había que formar un “partido y ejército revolucionario”, pero que todavía no estaban dadas las condiciones para hacerlo, por lo que se estructuraron como columnas guerrilleras.
* Las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) provenían de la izquierda peronista, que en su mayoría se nutrían de las ideas de John William Cooke; a principios de 1967 se estableció en el campamento de El Plumerillo en Taco Ralo (Tucumán); esta experiencia, sería el antecedente de la conformación de la FAP.
* El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) era el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), con orientación troskista, que incursionó en la operación de “guerrilla rural” y se distinguió por la rigidez e inflexibilidad de sus posiciones, que continuaron invariables, aún durante el gobierno de 1973; sus dirigentes más notorios eran Mario Santucho, Enrique Gorriaran Merlo y Arnold Kreimer.
El ala católica estaba integrada por la agrupación Montoneros, que fue junto con el ERP, la más persistente y combativa, y la que contó con el mayor número de militantes. Creado hacia 1967 por Fernando Abal Medina, Carlos Ramus y Mario Firmenich, todos ellos ex alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires y miembros de la Acción Católica Argentina, y que anteriormente habían actuado en el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT), y del TRP (Tendencia Revolucionaria Peronista). Su principal acción armada sería el secuestro y posterior fusilamiento del ex presidente Gral. Pedro E. Aramburu, en 1970.
Mientras tanto la derecha peronista, que en los primeros años de la década del ’70, se había encolumnado detrás de un siniestro personaje, José López Rega, inició con la “Masacre de Ezeiza” (1973) una violenta ofensiva con el objetivo de desalojar la tendencia izquierdista, destruyendo primeramente la relación de las organizaciones revolucionarias con las masas y “frenar” así la movilización de las “bases”. Aliada a la derecha “no peronista”, creó una agrupación paramilitar que se “encargaba” de realizar esta tarea, y que se denominó Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).
Haciendo hincapié en la denominada "Doctrina de Seguridad Nacional" las FFAA de nuestro país fundamentarían su accionar a partir de marzo de 1976. Esta "Doctrina de Seguridad Nacional", surgida en el contexto del conflicto entre EE.UU. y la URSS, fue aplicada en los países del Tercer Mundo que estaban bajo la influencia de EE.UU. y sus aliados militares de la OTAN, con el objetivo de mantener el equilibrio frente al bloque soviético, y librar al bloque liderado por EE.UU. del "peligro comunista" o, que "la subversión de izquierda" ganara terreno en éstos países; así Argentina, abandonaría la "Doctrina de Defensa Nacional" -promovida durante el auge del peronismo y que concebía la organización de las FFAA del país según el concepto clásico de nación en armas y consideraba como hipótesis de guerra provocada por un enemigo externo a las fronteras nacionales- por la de "Seguridad Nacional" y "aceptaría" la integración de las Fuerzas Armadas nacionales en los dispositivos internacionales de defensa creados por EE.UU. y definía como hipótesis de conflicto los "provocados por un enemigo interno", estableciendo como tarea de las fuerzas militares locales controlar las fronteras ideológicas, vigilar las actividades políticas de la ciudadanía, y por supuesto, reprimir las manifestaciones políticas que, desde el punto de vista castrense, se consideraran subversivas.
Era la elaboración de doctrinas contrarrevolucionarias que condenaban todo cambio, y se entrenan en actividades contraguerrilla -puestas a prueba sus conocimientos en la selva tucumana- y de acción cívica; además de ser asistidas las FFAA. por material y entrenamiento, los que justificaron el establecimiento de misiones militares que, se enclavan en puntos estratégicos de los comandos locales. Era la plena justificación a la intervención militar dentro de la vida política e institucional de la nación, y de esta postura, los militares basaban su accionar aplicado en el terrorismo de Estado.
Los métodos utilizados por los militares están copiados de los que emplearon los ejércitos europeos colonialistas de ocupación, como fue en caso del ejército de ocupación francés en Argelia, con zonas rastrilladas, búsqueda de información por medio de la tortura, a desaparecidos o familiares de los mismos, como así también la ejecución de secuestrados después de realizados los interrogatorios. Pero la represión no se limitaba a las FFAA, también era ejercida por grupos parapoliciales, la Policia Federal y Provincial., y la SIDE, volviéndose incontrolable, y con un gran poder de autonomía, a lo que se le puede agregar la imposibilidad jurídica para frenarla, a tal punto que no se admitía oficialmente, haber realizado ejecución alguna: ningún juez civil o militar había firmado sentencia de muerte a pesar de que el Código Penal había sido reformado para incluir la pena de muerte para los actos terroristas, previo juicio realizado por los Consejos de Guerra Especiales (ley 21.461); a pesar de ello Amnesty International estimaba que a fines del '76 se hacían 15 ejecuciones diarias.
Esta política (tolerada por los civiles que habían apoyado en golpe, y la oligarquía argentina, "liberal" desde el punto de vista económico, pero que no practicaba estos mismos ideales en el plano político) demostraba la arbitrariedad del gobierno al momento de impartir justicia.
Los documentos oficiales de la lucha antisubversiva pintan un cuadro sombrío del momento en que se produce el golpe de Estado: dan los nombres de veintitrés ciudadanos, de distintas ocupaciones, que habrían sido víctimas de la violencia extremista en los nueve días que precedieron al 24 de Marzo.
En menos de tres años el total de muertos había pasado de ochenta y cinco a poco más de quinientos. Así se inicia lo que el mismo Proceso denominó la “Guerra Sucia”, es decir, su propia guerra contra la guerrilla.
Ésta guerra estuvo signada por dos determinaciones: la primera partía del supuesto de que la actividad terrorista había alcanzado un nivel compatible con el desenvolvimiento normal de la sociedad. La derrota de la insurgencia, entonces, era el objetivo prioritario de la Nación.
Un paso más en la misma línea de pensamiento llevaba a la conclusión: había que aniquilar a las fuerzas enemigas, aún al precio de sacrificar todo lo que fuera necesario, como por ejemplo, el conjunto de normas que configuran un Estado de derecho. Así, la defensa de los individuos parecía exigir la abolición de los mecanismos creados para defenderlos.
La segunda determinación se podría considerar una consecuencia de la primera. Algunos miembros del gobierno eran conscientes de que actuaban al margen de la ley, y de inmediato llegaban a la conclusión de que no podían hacerlo públicamente. Otros eran partidarios de “trabajar” a la luz del día y dar a conocer el resultado de los procedimientos que se realizasen, amparados por una explícita declaración de guerra y por el consenso de la población. Pero éstos hombres no lograron articular una doctrina completa, de modo que la lucha contra la guerrilla sería secreta, además de ilegal. Ni el Poder Ejecutivo ni las Fuerzas Armadas se harían responsables de ella.
Todo ocurriría en la mayor oscuridad: militares sin uniforme, policías sin identificación, coches sin patentes, cárceles clandestinas, prisioneros sin nombre, celdas sin número... nadie sabría nada de nada.
Es importante destacar que las fuerzas de la contrainsurgencia no dependieron del Poder Ejecutivo, ni siquiera indirectamente, y era poco el control que el Ministerio del Interior ejercía sobre sus operaciones. Semejante afirmación no significa desconocer que ocasionalmente se verificase la colaboración de diversas dependencias públicas. Lo más relevante fue encarado independientemente por cada una de las tres Fuerzas Armadas. Al Ejército –el más atacado por el terrorismo- le cupo la mayor participación.
Pero, ¿quién era sospechoso?. Para poner un caso típico, aquel que figurara en la libreta telefónica de un “guerrillero”. La detención podía tener lugar en plena calle o en los domicilios particulares. La ocasión se aprovechaba para robar las pertenencias de la familia, a las que consideraban “botín de guerra”. Todo ello sin que las víctimas pudiesen reclamar protección alguna, ya que las unidades policiales habían recibido previamente la orden de “liberar la zona” en cuestión.
El primer punto de destino era alguno de los trescientos centros clandestinos de detención, que podían estar situados dentro de unidades militares o policiales, como en casas aparentemente comunes. Allí, se interrogaba duramente a los individuos. La tortura existió en nuestro país desde mucho tiempo atrás, pero la crueldad con que se la practicó durante la guerra sucia no tiene nombre.
Pasada, aunque no por todos, la etapa de las averiguaciones, se tomaba una decisión, y quienes habían resultado inocentes quedaban en libertad en algún sitio desconocido. Para los “culpables” se abrió, de acuerdo con una frase de origen español, una opción de “hierro”: el encierro, el destierro o el entierro. Es decir, encarcelación por tiempo indeterminado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, el exilio o la “desaparición”.
No había una respuesta social frente a semejante barbarie, frente a las declaraciones de los gobernantes que hablaban de una “guerra contra la subversión” que deja muerte, detenciones, torturas y desapariciones. El terrorismo de Estado encuentra sus defensores más comprometidos en funcionarios, militares e industriales extranjeros que visitan el país en este período, llegando a declarar algún industrial que “no importa la muerte de 10.000 seres humanos –aludiendo a cifras oficiales- si con ello se salva la sociedad”.
Si bien se pudo desconocer la magnitud de los hechos, de ninguna manera pudieron ignorar el orden represivo impuesto y la acción del poder para controlar los menores detalles de la vida cotidiana. Es más, puesta en boca de muchos, era común la frase “por algo debe ser” para justificar la detención de un vecino, compañero de trabajo, muchas veces motivada no por razones ideológicas, sino por averiguación de antecedentes, o por no llevar consigo documentación identificatoria.
Decenas de miles de habitantes debieron soportar días de detención debido a una simple sospecha, o como parte de una campaña de terror emprendida sistemáticamente. Muchos de esas personas que vivieron detenciones circunstanciales, no aparecieron más, se transformaron en esos “entes que se habían esfumado en el aire”, definición aplicada por el entonces presidente Videla.
Con insistencia se trató de aniquilar por todos los medios posibles cualquier expresión racional e independiente, condicionando por todos los medios, ya sea desde la escuela o los medios de comunicación, la enseñanza de ideales y símbolos que se “identifican” con el régimen. Así lo explica la CONADEP en su Informe Nunca Más
“[...] iba arraigándose la idea de la desproporción, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar el horror: “por algo será”, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o padres del desaparecido. Sentimientos, sin embargo, vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo sin ser culpables de nada; porque la lucha contra los subversivos, [...] se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. [...] Todo era posible; desde gente que propiciaba la revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a las villas miseria para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada: dirigentes sindicales [...] miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos, sociólogos [...] jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes [...] Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores”. (1)
Uno de los objetivos primordiales que perseguían los militares desde su instalación en el poder fue el neutralizar a la juventud, ganar su apoyo para la causa del Proceso, y en caso de que éstos no se adecuaran a las pautas ideológicas, se aplicaban distintos "métodos preventivos", que iban desde la marginación social y psicológica, para pasar posteriormente desde el asesinato a la desaparición, con el objetivo de eliminarlos. Para los militares la juventud se había vuelto contestataria y rebelde, se había transformado en una generación perdida, y el sólo hecho de ser joven se convertía en algo peligroso.
Pero al mismo tiempo y pensando en un largo plazo, el gobierno empieza a desarrollar una estrategia encarada a convertir a los jóvenes, en especial los que cursan el secundario, ya que es este sector el que promedia el millón de habitantes; serían el futuro que sustentaría al régimen y que los llevaría al camino de la conquista total de la juventud.
Para ello no se limitan a cambiar los planes de estudio, sino que ponen en marcha un plan más vasto que combina la represión y el terror con la adulonería y el paternalismo.
El año del mundial cambia algunas cosas. Los estudiantes secundarios vivieron ese evento con el mismo fervor que el resto de la población, sin la suficiente conciencia de los verdaderos problemas del país, y con ganas de "ganar algo”.
El posible conflicto con Chile por el Beagle hace que los estudiantes se reúnan en torno a las comisiones de paz formadas en las iglesias, o participen de campañas de ayuda (organizadas por familiares) para los soldados destinados a la frontera sur, la gran mayoría de ellos conscriptos.
En el accionar del Ministerio de Educación en el período 1976-1983 se advierte la preocupación por actuar sobre el estudiantado para que incorporen en su etapa formativa, la escala de valores y visión del régimen, organizando un régimen de disciplina de alto rigor e intolerancia, llenado los establecimientos de circulares, folletos -uno de los más conocidos era el llamado "Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo", que contaba con todo tipo de recomendaciones y órdenes para sanciones disciplinarias, llegando a prohibir las cosas más insólitas como por ejemplo, el uso del jean y del pelo largo en el caso de los varones.
El control de los militares sobre la educación llegaba inclusive a los docentes, los cuales en varias oportunidades eran citados a las dependencias militares.
Otra actitud de violencia, pero sin sangre, e impuesta en esos días, era la ejercida por los “formadores de la opinión pública”, que tratan de imponer una ideología antiintelectualista, irracional y de mitos que pertenecen al poder del país, como por ejemplo, en nuestro país se aplicó con el Mundial de Fútbol de 1978, a semejanza de las Olimpíadas de Munich de 1936.
El totalitarismo y la mentalidad autoritaria silencian todo análisis crítico y toda información que pueda interferir en el dominio que ejercen sobre el pueblo. Esa actitud trata de sumar al sometimiento sustentado en la organización familiar y moral, el silencio sobre algunos aspectos de lo que ocurre en otras áreas del mundo, o las verdaderas repercusiones mundiales de lo que ocurre en el país, y que generalmente retrataba la prensa internacional, y que aquí era vista como una “campaña antiargentina”. Ésta es otra de las violencias que se suman a la tortura, ya que lleva en sí el deseo de que la población acepte, como algo natural y con indiferencia (llegado el caso) la violencia física y psíquica, ejercida contra los disidentes del sistema.
La reforma profunda que quería realizar la Junta en la sociedad demandaba que se erradicara la subversión y toda forma de “comportamiento contestatario” en escuelas, fábricas y aún dentro de la misma familia, y era de paso, terminar con la sociedad política populista, de la que se culpaba tanto al gobierno peronista, como al “complaciente” radicalismo y al auge de la izquierda.
Se pretendía “disciplinar” al sector industrial, a la clase obrera, y al empresariado nacional “ineficiente”. En busca de estos “objetivos”, se explica en alguna medida la magnitud que alcanzó la represión, no sólo en el plano de combatir a la guerrilla propiamente dicha, sino de todas las manifestaciones de protesta social y hasta de independencia de criterios que surgieron en esos años; “el apoyo de la población debe ser total. Es porque nosotros eliminaremos a los neutros y a los indiferentes, pues nadie debe estar ausente de esta lucha”; las declaraciones de este tipo eran comunes dentro del ámbito del gobierno, había que cambiar a la sociedad desde la raíz, y para ello era necesario un “nuevo pensamiento social”, en donde no tenían lugar los que no se hallaban comprometidos con el régimen.
Así se fueron tomando las medidas necesarias para implementar dichos cambios, se modificaron leyes que se consideraban “excesivamente permisivas” para el trabajador, y se realizaron quemas de libros y revistas, con “ideología corruptora de la juventud”.
La prensa comenzó a ser “controlada” por medio de una circular, que reglamentaba el manejo de la información, con el objeto de “preservar la defensa de la institución familiar, respetar la dignidad, intimidad y honor de las personas, y erradicar los estímulos fundados en la sexualidad y en la violencia delictiva”, entre otras cosas.
Aquellos que tenían militancia partidaria y gremial sabían que la situación imperante agudizaría las contradicciones existentes en la sociedad; los militantes de las agrupaciones como ERP (para esta época en vías de ser “aniquilado”), o Montoneros, creían que frente al descontento generalizado de la masa obrera y la mayoría de la sociedad, ellos representaban la única alternativa de oposición a la Junta Militar.
Los métodos para las detenciones de militantes se recrudecían y se extendía a las coordinadoras gremiales y centros de estudiantes; era “descabezar” a una sociedad que había vivido las últimas tres décadas de luchas y reclamos por una participación política que les había sido otorgada en “cuentagotas”; la represión siempre había existido, pero ahora iba a ser mucho más notoria.
Ahora la lucha era más frontal, y radicalizada, la represión iba creciendo, y la militancia era cada vez más difícil de realizar; las reuniones para discutir publicaciones partidarias, catalogadas por el gobierno como “subversivas”, se hacían cada vez menos, o con el constante peligro de un “operativo cerrojo” o “de pinzas” para realizar detenciones de militantes en masa; los métodos habían cambiado, los militantes de las organizaciones armadas andaban con documentación falsa que cambiaban cada tanto, así como también el lugar de residencia, para evitar cualquier tipo de “encuentros” con las Fuerzas Armadas, y comprometer a la “organización” que estaba siendo diezmada en sus bases y su aparato directivo.
El Consejo Nacional Montonero había decido que la “organización político-militar” se transformaría en un “partido revolucionario, basado en el centralismo democrático”, y poder “conducir” a todos los trabajadores en un “poderoso Movimiento de Liberación Nacional y Social”.
Eran discusiones y planteos teóricos, la continua represión hacía que todos los militantes vivieran siempre en movimiento, sin un lugar fijo donde poder reunirse e instalarse, se sentían cada vez más acorralados y no tenían tiempo para pensar en Congresos y debates teóricos, estaban en acción permanente, “volanteando” en fábricas, barrios, universidades o vía pública, y realizando “acciones” armadas para demostrar que estaban de pie, a pesar que sus fuerzas se encontraban cada vez más desmembradas.
A diferencia del ERP, los Montoneros obtenían el “financiamiento” de sus operaciones por medio de los U$S 70.000.000, producto del rescate de los hermanos Born; era este apoyo financiero lo que convertía a la organización, en una de las mejores equipadas del mundo.
Sus dirigentes habían realizados contactos con las demás agrupaciones armadas como el ERP y OCPO (Organización Comunista Poder Obrero, un pequeño grupo marxista, bien organizado en sus cuadros) para realizar una “coordinadora” que buscaría apoyo internacional y financiamiento para sus operaciones, denominada OLA (Organización para la Liberación de Argentina) y que simplemente se remitió a lanzar comunicados de circulación interna; pero así como existían dirigentes que querían “entenderse”, estaban aquellos, que desconfiaban de sus “circunstanciales” aliados.
Pero con el “objetivo de preservar sus cuadros dirigenciales” la conducción montonera había salido del país, esta actitud provocó cierta tensión entre algunos militantes que se quedaban en el país, ya que veían a esta acción de “preservar a la dirigencia” como una “traición”.
El accionar del aparato represivo se solidificaba cada vez más, las detenciones, secuestros y torturas llegaban a límites impensados, llegándose a torturar a hijos o padres de militantes para que éstos “delataran” a sus compañeros, y en muchos casos eran las mismas personas que se habían “quebrado” por la tortura, física y psicológica, las que salían a “marcar” a compañeros, casas y puntos de encuentros de las organizaciones; para evitar esto, los militantes habían tomado los recaudos necesarios para no caer en manos de la represión y “perderse”; así por ejemplo los Montoneros habían implementado el uso de la pastilla de cianuro, que serviría para suicidarse, antes de que cayeran en manos del enemigo, y por las torturas “cantaran” algo sobre sus compañeros, a los que conocían en su mayoría por “nombres de guerra”; muchos militantes se negaban a llevarla encima, pero otros la veían como una posibilidad de escapatoria y como una “especie de triunfo”que era no dejarse vencer ni en el último momento de la lucha, y demostrar que la moral de los militantes los llevaba a dar la vida por sus compañeros y sus ideales revolucionarios.
Mientras ocurrían estas acciones de persecución y exterminio de dirigentes peronistas o de izquierda, los radicales se encontraban en la encrucijada de saber cuál era su “lugar” dentro del espectro social, por un lado los dirigentes se hallaban divididos. Entre quienes colaboraban con el régimen y aquellos que se encontraban en total oposición al mismo. Así por ejemplo, Sergio Karakachoff, fue secuestrado y muerto por estar vinculado a dirigentes y militantes de izquierda, y hasta fue catalogado como “comunista”; días después de la muerte de Karakachoff (11 de septiembre) se produciría el hecho conocido como la “Noche de los Lápices”, en donde estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata serían secuestrados –solo aparecería con vida Pablo Díaz- por la lucha en defensa del boleto estudiantil.
Los exiliados por “razones políticas” comenzaban a ver que sus “exilios” serían más extensos de lo que pensaban, y comenzaron a ver como podían ayudar a sus compañeros en Argentina, creándose agrupaciones que trataban de informarse de los últimos acontecimientos producidos en el país, y viendo como también crecía el número de exiliados.
Sabían que la Junta no era algo pasajero, que se quedarían en el poder por mucho tiempo, por lo menos hasta lograr aniquilar a las organizaciones “subversivas”, gremiales, y todas aquellas que respondieran a los intereses de la clase obrera y se opusieran a la política del gobierno. Pero para el momento la única maniobra que podía realizar era publicar un “comunicado de repudio”, o tratar de ponerse en contacto con agrupaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, o aquellas agrupaciones existentes en el país y creadas por padres y familiares de desaparecidos y presos políticos, en las cuales muchas veces había influencia, o respondían a distintas agrupaciones políticas.
Pero el estar en el exterior, no siempre les daba la seguridad de que no iban a ser “molestados”, en muchos casos, el brazo del terrorismo de Estado, que cada vez era más largo y duro, llegaba hasta ellos; los contactos con las fuerzas de seguridad de países de Europa o del resto de América (México, o países limítrofes) hacía que los “subversivos” sean deportados de un país a otro (Envar el Kadri, militante de la FAP, fue deportado en abril de 1976 desde España, previo secuestro, interrogatorio y tortura, a Francia), o se pida la extradición oficial, en el caso que el “subversivo” no pida asilo político, llegando al extremo de sufrir atentados por miembros de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, enviados para tal fin; era además la demostración que este sistema represivo no se limitaba al accionar nacional, tenía redes de contacto y aparatos represivos en varios países, siendo principalmente las naciones limítrofes las que "compartían" el mismo objetivo político, emanado en el control del poder por parte de las FFAA y amparados por países como EEUU quienes fundamentaban la aceptación de tales intervenciones y medidas extremas en la "Doctrina de Seguridad Nacional".
Así se explica que el terrorismo de Estado, no se limitara solamente a la Argentina; se había transformado en una política implementada a escala continental (inclusive llegó a los Estados Unidos, con el asesinato del ex-canciller de Salvador Allende, Alfredo Letelier) que vivía procesos semejantes, y para lo cual se adoptaron idénticas políticas de represión, formando una red continental de represión a los movimientos populares, y denominada "Operación Cóndor"; se derribaron las fronteras geográficas para mantener solamente las ideológicas, se implementaba una política de acción represiva cada vez más cruel y radicalizada, más allá de las fronteras propias de los países americanos.
En un primer momento se había limitado a un simple intercambio de información entre los servicios secretos de las FFAA -obviando a las respectivas cancillerías- sobre las personas consideradas potencialmente peligrosas o subversivas, y los movimientos conjuntos realizados por las distintas agrupaciones americanas, como por ejemplo los contactos políticos del MIR chileno con el PRT de Argentina y demás fuerzas de izquierda del resto de América, pero con el tiempo, el terrorismo de Estado, se transformó en un verdadero genocidio continental. "(...) Los números de las organizaciones oficiales comprobaron, por lo menos, 12.868 muertos y desaparecidos (...) las estadísticas de entidades de derechos humanos, no negadas por los gobiernos, sostienen que el exterminio fue aún mayor: 35.800 víctimas (...)". (2)
Este sistema de represión si bien se había desarrollado a nivel continental, no dejó de mantener características propias del país que lo implementaba: en Argentina hubo un exterminio en masa y el lanzamiento de cadáveres en cementerios clandestinos, en el Río de la Plata o al mar, conocidos como los vuelos de la muerte; en Brasil, la dictadura abusó del terror psicológico y de la contrapropaganda; en Chile, el Gral. Augusto Pinochet -principal impulsor de la Operación Cóndor- patentó los fusilamientos colectivos, utilizando el Estadio Nacional de Fútbol de Santiago, la cremación de cuerpos en hornos de cal y fabricó el gas Sarín; en el Paraguay, Alfredo Stroessner utilizó la técnica de campos de concentración, los golpes con barras de hierro hasta ocasionar la muerte y la corrupción generalizada; mientras que Uruguay se destacó por la práctica de encarcelamiento prolongado (5 a 10 años), en pequeñas mazmorras, y periódicas sesiones de torturas.
En todos estos países se destacaron las técnicas adquiridas por adiestradores nazis y agentes norteamericanos, especializados en estrategias anticomunistas. De estas técnicas de represión se pueden identificar con una generalidad continental, las siguientes: los plantones (dejaban al prisionero por largos períodos de pie); los golpes con cachiporras, palmatorias de goma o barras de hierro; el submarino (sumergir a los detenidos en tanques de agua sucia o con excrementos); la picana (choques eléctricos, principalmente de órganos genitales); colgar a las víctimas, con las manos amarradas por detrás; arrancar uñas de pies y manos; el submarino seco (asfixiar con sacos de plásticos cubriendo la cabeza); obligar al torturado a ingerir excrementos; interrumpir el sueño con luces o música estridente; obligar a presenciar sesiones de tortura o violaciones de las demás víctimas, muchas veces sus propios familiares; simulacros de fusilamiento.
Notas
(1) Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas; Nunca Más, página 10; Buenos Aires; Eudeba; 1984.
(2) Nilson, Cezar Mariano; Operación Cóndor. Terrorismo de Estado en el Cono Sur, página 15; Buenos Aires; Lohlé-Lumen; 1998.