En todo sistema republicano y democrático es obligación de los gobiernos garantizar el acceso a la información pública como un modo de dar transparencia a sus actos, dando a conocer cómo y para qué se gastan los recursos públicos. La revolución digital ha facilitado el acceso masivo pero, como paradoja, en ocasiones, algunos gobernantes han hecho oídos sordos a esta obligación.
El Boletín Municipal del Partido de Zárate fue creado hace más de cien años, en 1919, con los objetivos antes enunciados. Sin embargo, hacia 1932, la administración comunal dejó de cumplir con su obligación, motivo por el cual los concejales socialistas Roque Suárez, Israel Marajovsky y Reyes Quintana presentaron un proyecto de resolución que decía “El Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades resuelve dirigirse al Departamento Ejecutivo solicitando el cumplimiento de la ordenanza N° 141 o sea, publicar mensualmente el Boletín Municipal, detallando con la mayor minuciosidad posible, el movimiento diario de tesorería, los balances mensuales, anuales de comprobación de saldos, licitaciones, ordenanzas que sancione el HCD, movimiento del personal, decretos, informes de las oficinas, actas aprobadas de las sesiones del concejo y todo lo relacionado con las actividades del Departamento Ejecutivo y del Honorable Concejo Deliberante.
En los fundamentos los concejales autores del proyecto sostenían que: las autoridades deben dar la mayor publicidad posible de todos sus actos por medio de documentos oficiales y fidedignos. Especialmente es necesario hacer conocer a todo contribuyente la forma en que se invierten los dineros públicos.
El pueblo debe saber que los gastos públicos se realizan para satisfacer necesidades colectivas que surgen de la vida en sociedad. Si se gasta bien, además de satisfacer necesidades sociales puede contribuir al mejoramiento mensurable de las condiciones de vida de los ciudadanos en cuanto ello dependa de los poderes públicos, como ser la higiene edilicia, la salubridad de la vivienda, la difusión de la cultura popular, el deporte sano, para no citar más que algunas funciones que la comuna puede dedicar su actividad. Si se gasta mal, en vez de los efectos benéficos citados los contribuyentes no llegan a recibir el correspondiente beneficio de los impuestos que paga o lo reciben en medida no proporcionada al sacrificio que ocasiona el pago del tributo.
Finalmente, concluían expresando: Entendemos que la comuna es la escuela elemental de la democracia y si sus autoridades son conscientes con sus obligaciones y guiados por propósitos sanos y nobles deben informar al pueblo, con la mayor amplitud, cómo y en que gasta cada centavo, e igualmente de todas sus gestiones.
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(*) Licenciado en Historia e Historiador. Contacto: serrob2009@hotmail.com