VIOLENCIA ECONÓMICA: CUANDO LA JUSTICIA DEJA DE MIRAR PARA OTRO LADO
Por la Dra. María Laura Chouhy. Abogada Derecho de Familia .
Como ya advertí en una columna anterior, durante años, la violencia económica fue una de las formas más invisibilizadas de violencia dentro de los vínculos familiares. No deja marcas físicas, no siempre genera escándalo, pero impacta de manera directa en la dignidad, la autonomía y la calidad de vida de quien la padece.
Hoy, ese paradigma está cambiando. Y lo está haciendo con decisiones judiciales concretas.
Un reciente fallo dictado por el Juzgado de Villa Mercedes, a cargo de la jueza Lorena Báez, marcó un punto de inflexión: un progenitor fue condenado tras comprobarse que falseó su situación económica para pagar menos alimentos.
La sentencia fijó una cuota equivalente a ocho salarios mínimos mensuales (superior a $2,8 millones), con actualización por inflación y un retroactivo millonario acumulado durante años, alcanzando una cifra cercana a los $210 millones.
La Justicia dejó de mirar el ingreso declarado y comenzó a analizar la realidad económica efectiva: viajes al exterior, consumos elevados y signos de capacidad contributiva incompatibles con lo que el demandado manifestaba.
Este cambio no es menor. Implica abandonar una lógica formalista —basada en recibos o declaraciones— para pasar a un criterio material: lo que realmente una persona puede y demuestra poder sostener.
En materia de alimentos, esto es central. Porque la obligación alimentaria no se mide en lo que alguien dice ganar, sino en lo que efectivamente puede aportar en función de su capacidad económica real y del nivel de vida que lleva.
Durante años vimos estrategias reiteradas: subdeclaración de ingresos, informalidad intencional, ocultamiento patrimonial. Maniobras que trasladaban el peso económico al otro progenitor —generalmente la madre—, generando un claro supuesto de violencia económica.
Hoy, la Justicia empieza a responder.
No solo actualizando cuotas, fijando retroactivos significativos o aplicando índices de ajuste, sino también sancionando conductas de ocultamiento. Se consolida así una idea clave: mentir sobre la propia situación económica en un proceso judicial no es una “estrategia”, es una conducta con consecuencias legales.
Este avance también se enmarca en una comprensión más amplia de la violencia de género. La violencia económica ya no se reduce a la falta de pago. Incluye el control del dinero, la limitación de recursos, la desigual distribución de cargas y la imposición de dependencia.
Es violencia impedir que el otro administre sus recursos.
Es violencia desentenderse económicamente cuando se tiene capacidad.
Es violencia obligar al otro a sostener solo lo que corresponde a ambos.
Y es violencia, sobre todo, cuando hay niños de por medio.
El derecho de familia moderno se está alineando con este enfoque: proteger el bienestar integral de los hijos implica también asegurar que las cargas económicas estén justamente distribuidas y que no haya abusos encubiertos detrás de estructuras formales.
El mensaje es claro: la responsabilidad parental no es optativa ni negociable. Y mucho menos, eludible.
Estamos frente a un cambio de época.
Una Justicia que empieza a ver lo que antes se toleraba.
Y víctimas que, finalmente, encuentran respaldo.
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