En "El osario de la rebeldía", el periodista Enrique Vázquez aborda los brutales crímenes cometidos en el campo clandestino de detención durante la última Dictadura.
— Acá. Acá se paró don Catalino — muestra con las dos manos hacia abajo el doctor Ramallo, aunque no parece muy convencido porque escruta entre los cardos como si se le hubiera perdido algo.
— Es que ha cambiado tanto... — trata de justificarse, mientras gira el cuerpo y la vista hacia atrás— . Sacaron la tranquera, talaron los árboles que servían de referencia y ahora desmalezaron para lotear. Ya se ven las primeras casas y aquí no había nada... Hace ocho años pedí que precintaran esta parte del campo, pero nadie en el juzgado me llevó el apunte.
Extiende horizontalmente los brazos y se orienta hacia donde están las casuchas. Tiene a su derecha, a unos quince metros, el malezal y la hilera de bolsas de plástico que señalan el curso del arroyo Pinazo, un depósito de líquido putrefacto al que nadie se atrevería a llamar agua.
— Imagínese: 10 metros por 200 — y lanza hacia adelante los brazos siempre extendidos— . Dos o tres veces por semana, varios vehículos. Los testigos hablan de «una caravana». Dos o tres veces por semana durante tres años, los pobres colimbas obligados a tirar los bultos en las fosas. Saque la cuenta. ¿Cuántos muertos hay aquí abajo?
Observo la tierra reseca y de trecho en trecho carbonizada. Ya no me parece la misma tierra de hace un instante. ¿Qué estoy pisando: esta tosca que refracta el sol o una alfombra debajo de la cual escondieron 5.000 cadáveres? El sol aturde en este mediodía exacto del 23 de diciembre de 2013, el diciembre más caluroso desde 1940, en un lugar que los mapas identifican como «Campo de Pestarino», en las coordenadas 34°24'01.90 S y 58°47'08.04 O, donde el «arroyo» divide los partidos de Escobar y Pilar.
Si el terreno ha cambiado tanto de fisonomía en los últimos ocho años, resulta imposible imaginar cómo podía ser allá entre 1976-1980. Por de pronto, ahora está mucho más alto: ha sido objeto de una persistente labor de relleno.
— Acá, en verano, nos bañábamos en las piletas que formaba la lluvia en las tosqueras — evoca un vecino de extraña apariencia alemana, pelo rubio y ojos claros sobre piel oscura. Tiene 50 años y se dedica a cortar el pasto en los countries de la zona. Dice que es, efectivamente, hijo de padre alemán y madre criolla, y que el 24 de marzo de 1976, «o por ahí» se quedaron sin piletas de natación. — Esto era puro cardo, pinchaba de lo lindo, pero en verano nos refrescábamos. Ahora.
— A los cinco metros salen los huesos — admiten los incipientes pobladores.
Sueltan las palabras sin muchas ganas, con la cabeza gacha, porque saben que esa información les puede complicar la vida. La aparición de los huesos es toda una contrariedad. Ahora temen que «por culpa de los organismos» les quiten sus casas. Casas o lo que fueren esos cuatro postes que sostienen chapas de cinc o un plástico negro. Son casi todos poceros o lombriceros.
Los poceros, contratados en la zona rica, la de las casasquinta, cavan hasta la napa, a doce o dieciocho metros de profundidad, para proveer de agua cristalina a los parques y las piletas de natación; en la zona pobre, donde viven ellos, se detienen a los ocho metros y con eso palían, al menos circunstancialmente, la ausencia de cloacas. Para recoger su mercancía los lombriceros hunden las manos en la hediondez del arroyo y trasvasan el barro a dos baldes de plástico de diez litros. Cuando los baldes están llenos caminan unas veinte cuadras hasta la Ruta 26 y se quedan todo el día tras un cartel que dice: «Hay lombris» o «Carnada viva». Las mujeres, en tanto, lavan la ropa, vigilan a los críos y caminan cuarenta cuadras para hacer las compras. Una vez al mes se ajustan las calzas negras y viajan hasta Escobar, al Banco Provincia o al Banco Nación, a cobrar los planes. Porque así se definen: «Somos todas planeras».
Mientras el doctor Ramallo hablaba, una figura venía acercándose desde lejos por la calle de tierra paralela al arroyo y a las vías. Ahora está más cerca: es un hombre de piernas cortas y aspecto macizo, con un morral en bandolera.
Sigue de largo frente a las ¿casas? y se detiene a muy corta distancia del abogado. A una distancia impertinente. El calor licua los sesos y achicharra la planta de los pies. Pequeñas fogatas arden en casi todas las ¿esquinas? demarcadas por la acumulación de bolsas de basura. El aire cargado de humo irrita la vista. El hombre desafía con los ojos enrojecidos, aunque no sólo por el humo:
— ¿Ustedes son de la municipalidad?
— No.
— ¿Del gobierno?
— No, tampoco. Somos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
— Ah. ¿Y nos van a desalojar?
— No, amigo — apacigua en tono campechano el doctor Ramallo— . Apenas estamos haciendo un reconocimiento visual.
— No van a ver nada — avisa el hombre— porque los huesos están abajo. Y si vienen con las topadoras nos van a sacar y yo he comprado. Estoy pagando.
Tiene un acento paraguayo casi tan fuerte como su aliento a vino berreta. No hay ni un atisbo de viento y el humo se eleva vertical de cada montículo de basura. Por inconcebible que parezca la situación, el hombre no se va. Se queda a pocos centímetros de la cara de Ramallo. No sabemos si está provocando o si el alcohol lo paraliza. Ramallo, que es alto a pesar de los hombros un tanto encorvados, mira por encima de la cabeza del hombre, más allá de las ¿chozas?, hacia el otro lado de la calle donde estaba la tranquera: sabe que ahí, en la primera casa de material, habita el verdadero peligro: el clan Colman.
A veintipico de cuadras quedó la Ruta provincial 26 que une Ingeniero Maschwitz, hacia el Este, con Del Viso, hacia el Oeste. En Del Viso, a dos kilómetros del Campo de Pestarino, la provincial 26 se cruza con la vieja Ruta nacional 8. Y por la Ruta 8 se llega al origen de todo. O por lo menos a la posibilidad de esbozar una respuesta a la pregunta que dejó flotando el doctor Ramallo: «¿Cuántos muertos hay aquí abajo?»
El 24 de marzo de 1976, el ejército dividió el territorio nacional en «zonas operativas», como les habían enseñado los franceses veteranos de Indochina y Argelia. La Zona IV comprendía los partidos de Pilar, Escobar, General Sarmiento, San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López y Tres de Febrero: poder total y absoluto sobre más de 2,5 millones de habitantes en aquella época.
La jefatura de esa Zona IV estuvo a cargo del Comando de Institutos Militares, con asiento en Campo de Mayo. A todo efecto, el CIM se estructuró como un cuerpo del ejército con su propio estado mayor y las correspondientes jefaturas de administración, planeamiento y ejecución de órdenes.
En aplicación estricta de la Doctrina de Seguridad Nacional, cada zona se dividió en subzonas; la «ocupación territorial» supuso, además, militarizar las fuerzas policiales. En la Zona IV, desde antes del golpe, estuvieron intervenidas la comisarías clave de Villa Martelli, Tigre, Pilar y Escobar.
Los sospechosos de «subversión activa», por más que hubieran sido detenidos legalmente por fuerzas policiales y registrados en el correspondiente libro de ingresos y egresos de cada comisaría, fueron trasladados de manera clandestina a Campo de Mayo. De los 5.000 presos que ingresaron a esa guarnición, sólo sobrevivieron 43.
El 24 de marzo de 1976 antes del mediodía llegaron camiones militares al Campo de Pestarino y comenzaron a alambrarlo formando una «V» en cuyo vértice inferior se instaló una tranquera como las de las estancias pampeanas, lo suficientemente ancha como para permitir el paso de vehículos de gran porte. Camiones o topadoras, por ejemplo.
En aquel tiempo sólo era posible el ingreso por una especie de huella contigua al arroyo Pinazo que partía del andén de la estación y se perdía en esa zona baja aprovechada alguna vez como tosquera y que comenzaba a ser complementaria de La Quema municipal, ubicada a unos 500 metros en dirección al Este, hacia Maschwitz.
La Quema había sido escenario, en 1973, de una iniciativa propia de la época: los cirujas, al influjo de los militantes de la Juventud Peronista según ciertas referencias, o de «los troskos» según otras, habían pretendido constituirse en cooperativa.
El grupo fue disuelto por la policía de Escobar y todos sus integrantes murieron en «enfrentamientos» inmediatamente posteriores al 24 de marzo de 1976, salvo alguno que decidió irse lejos. El oficial de calle de la comisaría primera de Escobar decidió que la mejor solución era poner al frente de La Quema a alguien de su confianza, para impedir la entrada de «personas indeseables».
Designó a un tal Enrique Croce, que implementó un sistema de peaje de ingresos y egresos de personas y materiales, gracias al cual muy pronto estuvo sentado sobre una voluminosa parva de billetes. Eso sí, todos los meses se acercaba despacito el patrullero de Escobar, y Enrique Croce suspendía cualquier cosa que estuviera haciendo para cumplir con su obligación primordial: «Ahí viene Luisito a cobrar el sueldo», explicaba, si tenía interlocutores cerca. Metía una mano en el bolsillo, la pasaba por la ventanilla del auto, saludaba con una venia y volvía a La Quema con cara de satisfacción por el deber cumplido: todo estaba en orden.
Sobre aquella senda paralela a las vías, a 100 metros del ingreso al Campo de Pestarino, el día del golpe se instaló una barricada y a 200 un cartel: «Zona militar. Prohibido pasar».
Durante tres años hubo soldados de guardia junto a la barricada y a un costado de la tranquera levantaron una garita de vigilancia, de la que invariablemente asomaba el caño de un fusil. El vecino más próximo estaba a diez cuadras, en los confines del barrio Amancay.
En La Quema, a 500 metros, Enrique Croce controlaba quién entraba y quién salía, mientras su hijo, conocido como «Perkins» por su habilidad para arreglar motores gasoleros, movía palancas en la cabina de la retroexcavadora municipal.
"El osario de la rebeldía", de Enrique Vázquez (Planeta)