La estigmatización de las niñas, niños y jóvenes en la sociedad: el falso debate

Por Victoria Paz *. “La historia está llena de repeticiones y pocas, pertenecen al orden de la comedia” (Pilar Calveiro). Ayer… La teoría de los dos demonios…Hoy… La Baja de Imputabilidad…

En el informe “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” la CIDH señala los estándares de derechos humanos en relación a los sistemas de justicia juvenil y los principios que deben orientar los mismos.

La CIDH pone un especial énfasis en la necesidad de que los Estados tomen medidas de prevención y construyan los sistemas de justicia juvenil tomando en consideración que su objetivo debe ser la reintegración en la sociedad del niño y la niña para que puedan desarrollar un papel constructivo en la misma.

Los sistemas de justicia juvenil deben además regirse por los principios de legalidad, especialización, excepcionalidad, igualdad y no-discriminación y el principio de no-regresividad.

Sobre este último principio cabe señalar la preocupación de la CIDH en relación a las tendencias observadas en varios países del continente de rebajar la edad de responsabilidad penal y de endurecimiento de las penas por los delitos cometidos por personas menores de 18 años, en contravención con el principio de no-regresividad.

Uno de los temas más instalados por los medios masivos de comunicación es el “problema de la inseguridad”. Desde la radio, la televisión y los diarios se exponen permanentemente casos donde se representa a las niñas, niños y jóvenes, como si fueran los responsables de la violencia en las calles.

Las noticias no suelen incluir datos estadísticos serios, no se contextualizan los hechos, no se tiene en cuenta la opinión de los chicos y las chicas, y no se recurre a fuentes alternativas de información, como las que brindan las agencias de movimientos sociales que refieren otra perspectiva del tema.

Un claro ejemplo de esta práctica periodística, es el dato de que cuando se habla de niños en los medios masivos de comunicación y sobre la violencia; detrás de esta consecuencia se encuentran la educación, la salud y la cultura.

No se contextualiza con datos estadísticos de la situación de vulnerabilidad de la niñez; si bien es difícil encontrar datos certeros sobre la niñez en el país, (como lo afirma el Comité por los Derechos del Niño, 2010), la violencia suele estar descontextualizada, y los informes especiales que ahondan en la problemática no alcanzan el 10% del total de las notas publicadas en los diarios.

No se tiene en cuenta las poblaciones más vulnerables de niños y niñas, como las que integran los pueblos originarios o comunidades de inmigrantes, que además de ser discriminados racialmente, suelen sufrir las peores condiciones socioeconómicas, por ejemplo, las niñas, niños y jóvenes bolivianos, peruanos y paraguayos no acceden a la Asignación por Hijo si no tienen una residencia de 10 años en el país.

Además, para referirse a niños en situación de violencia la mayoría de los medios masivos suelen recurrir a la Policía y a la Justicia, luego se recurre a los especialistas, después a los padres (madre, desde la lógica de género), y por último al infante o joven.

La voz de los chicos en las noticias de periódicos que hablan sobre ellos ha sido muy escasa en los últimos años… por no decir siempre.

En estos días, solo se ha hecho tapa de diarios, la toma de los Colegios en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, que si el joven roba es peligroso, si lee o si hace política también es peligroso.

¿Tendrá que ver, con aquel 16 de Septiembre, “algo habrán hecho”?, cuando el operativo militar denominó “la noche de los Lápices”, para secuestrar, torturar y desaparecer a jóvenes que reclamaban por una educación de igualdad, entre sus puntos básicos, el Boleto Estudiantil.

Bien, es preciso leer más fino, cuando se dice que si los jóvenes están haciendo política: sí, la están ejerciendo como ciudadanos de derecho que son, de la misma manera que es una decisión política que el gobierno de Macri desfinancie las escuelas públicas, desvalorice el título de las escuelas técnicas y quite horas del ciclo lectivo, desde la currícula educativa, de las materias de Historia Argentina y Geografía de los últimos dos años, además de la continua reducción sistemática del presupuesto que genera que hoy, la escuela pública esté devaluada, en este sentido, esto también es política ideológica tal, como se los “acusa” a los estudiantes.

Es común que algunos diarios y algunos programas, supuestamente “periodísticos”, hagan uso de palabras peyorativas para generar sensacionalismo y el efecto “shock” que se pretende en los títulos.

Se les pone seudónimos a chicos en conflicto con la ley penal, o se los trata de “rateritos”, “precoses delincuentes”, “niños asesinos”, “pibes chorros”, “pirañas”, “pibas narcos”, “sediciosos” o “no están capacitados” (en términos de Sr. Eduardo Feimann a propósito de los Colegios Tomados), o simplemente, “menores”.

Al parecer, la instrucción en legislaciones sobre niñez no es un eje tenido en cuenta por las facultades de un sector del periodismo y de las casas de estudios, en general, que debieran adecuar los programas de estudio a la nueva Ley de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, donde en primer lugar, se destituye la palabra “menor” (con toda su connotación implícita), y se implementa la palabra literal de lo que son estos seres: niña, niño o adolescente-joven.

Por otro lado, y siguiendo solo desde una visibilización errónea de las palabras que utilizan algunos medios, suele relatar las noticias de red de trata infantil denominándolas “prostitución infantil”, cuando lo correcto es hablar desde la categoría de explotación, “explotación sexual infantil”, por ahí, el sentido común también sirve, ya que explotación refiere en términos de contextualización desde un modo de producción determinado, que valga la redundancia, nos determina, el sistema de explotación capitalista.

Los chicos no se prostituyen por propia decisión, si no que son explotados por adultos y, por adultos proxenetas.

La Nueva ley de Radiodifusión en Argentina, creó un Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, que debiera ser multidisciplinario, pluralista y federal, además de estar integrado por organizaciones sociales y personas que trabajan con niñez.

Tiene la función de plantear propuestas para aumentar la cantidad y calidad de las producciones comunicacionales para las personas menores de 18 años.

También se prevé la producción de un Fondo de Fomento Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, un ente como parte de las políticas públicas que impulsa la asociación con coproductoras internacionales para producir más y mejor televisión y radio con fines educativos, culturales y sociales.

Además, conceptualiza a los niños y niñas como sujetos comunicacionales basándose en la Convención Internacional por los Derechos de la Niñez, que concibe a la infancia y la adolescencia como sujetos plenos de derechos y no como objetos de derecho y no, como objetos de consumo, como sí lo hacen los programas de cable privados en lo que respecta a tales como, Disney Channel, Cartoon Network, etc.

 La baja de la edad de imputabilidad en los medios de comunicación: Una discusión errónea.

Además de la violación a sus derechos fundamentales, uno de las peores violaciones que persigue a las niñas, niños y jóvenes en este país, es su criminalización y, la criminalización de los niños y jóvenes pobres.

Esto se evidencia claramente, cuando desde los medios masivos de comunicación y los sectores de poder concentrado, proponen como una de las soluciones a los problemas de inseguridad, bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 años.

Estos sectores no tienen en cuenta que para no delinquir, un niño debe crecer y desarrollarse en condiciones de educación y alimentación, recibir el afecto y la contención de sus padres (o familia ampliada en la medida de las posibilidades) en una vivienda digna, y socializar en una espacio territorial donde no se los empuje a la marginación, donde se les brinde los derechos fundamentales que hacen a su plenitud ya la construcción de su autonomía.

Los sectores que quieren criminalizar la niñez y la juventud, (los mismos de siempre, ayer en la dictadura, hoy desde su resabio recalcitrante) no tienen en cuenta, que son los niños los sujetos más vulnerables en un sistema que los amenaza con droga (entiéndase Narcotráfico por las zonas liberadas de la policía), analfabetismo, inseguridad social y violencia; y que bajar la edad de imputabilidad a los 14 años podría ocasionar que las redes del crimen organizado, utilicen niños y niñas menores de esa edad para llevar a cabo los delitos, (como sucede en la actualidad).

Sobre un total de 13 millones de pobres más de seis millones son menores de 18 años; y si tenemos en cuenta que la población de personas menores de 18 años es cercana a los 13 millones, se puede afirmar que casi la mitad de los pobres son niños, y casi la mitad de los niños son pobres. (Datos extraídos de la CORREPI)

Además, millones de niñas y niños, que equivalen al 25% de nuestros chicos, pasan hambre pues en sus hogares no pueden cubrir la canasta básica de alimentos.

Este es el contexto donde crecen nuestras niñas y niños, y algunos sectores de poder concentrado que manejan los medios de comunicación siguen apuntándolos como los culpables del crimen en Argentina.

Sin desconocer las complejas problemáticas de inseguridad que suelen padecer los ciudadanos, es evidente, que algunos medios masivos de comunicación tienen como objetivo establecer en la agenda mediática las políticas de “mano dura”, desconociendo las demás variables sociales que influyen en los índices de violencia; colocan en las portadas de los diarios y noticieros, declaraciones y casos de hurtos, robos y asesinatos cometidos por “menores”, pero jamás exponen las cifras de los factores causantes de estos males como: desocupación, inseguridad social, violencia infantil, analfabetismo, deserción escolar, presupuesto en educación; ni tampoco mencionan los casos de abuso por parte de la autoridades, como el dato alarmante de que las fuerzas del orden de este país matan por año a mas de 200 personas, de la cuales el 53% son varones pobres y menores de 25 años.

Se puede ver un ejemplo cuando en 2009 se dio la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad y luego se aprobó la media sanción en el Senado; en ese momento, los diarios y programas de televisión y radio pusieron más énfasis en vincular a los niños con la violencia, la noche y la “diversión” como una apología del consumo, en base a incidentes relacionados con el alcohol, cuando el mundo de la noche, también lo programan y planifican los adultos; estas “informaciones” (desinformaciones) solían acompañarse de imágenes de violencia o foros de debate sobre “inseguridad” e, inevitablemente, estas producciones noticiosas intensificaron la discriminación hacia sectores juveniles y marginales.

Es inexorablemente ético, la cuestión de transformar las prácticas periodísticas y, visibilizar la intencionalidad editorial de algunos medios de comunicación, que tienen una elevada relevancia social a la hora de construir la imagen de la niñez; no solo porque “reproducen lo que pasa en la sociedad”, sino porque construyen la agenda mediática, instalan los temas que interpelan a la sociedad, y le dan valor de prioridad por sobre otras problemáticas.

Los medios no sólo dan información, si no que proporcionan elementos para la interpretación de los temas que comunica.

El secuestro de los en los 60 y 70, la zona liberada durante la dictadura militar, el tráfico de drogas durante los 80 y la corrupción en los 90… Es funcional al poder político, la misma estructura que se utiliza para combatir el delito, se utiliza para cometerlo.

La policía mató en el 2010 por una protesta de desocupados a Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y a Sergio Cárdenas, tres jóvenes “peligrosos”, pobres y sin trabajo.

La policía mató a Juan Manuel Bordenabe en la comisaría de Zárate a golpes excusando el hecho, al referir que se ahorcó; la policía mató a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillan por “piqueteros”; a Mariano Ferreira lo mataron porque la policía liberó la zona para las patotas sindicales de Pedraza, a Franco Díaz de 16 años lo mató la policía por ruidos molestos (música alta).

A Walter Bulacio, actualmente, llevándose a cabo el juicio, lo mató la policía.

“La policía, a veces, tiene que actuar fuera de la ley” (Luis Abelardo Patti, ex comisario, imputado por crímenes de lesa humanidad en la dictadura del 76’, condenado a perpetua); la coima, la mano dura, los apremios ilegales, la tortura, el gatillo fácil; son prácticas policiales sistemáticas, y este tipo de prácticas, de violencia institucionalizada, los medios raramente lo discuten.

Por lo tanto, se da el debate de una baja de imputabilidad, desde la que no existe la intencionalidad de debatir otras formas, tanto de visibilización de la juventud en su totalidad, como así también la represión vigente que existe hacia la misma de manera institucionalizada.

La Juventud, siempre ha sido aprehendida como un problema, ayer en los 70, como terrorista, hoy, como delincuente o “incapaz” de poder politizar…

Recordemos, hagamos Memoria como un excelente ejercicio que nos interpela desde el error y hasta del horror… Ayer, desaparecidos en centros clandestinos… el río nos devolvió el cuerpo del “Negrito” Floreal Avellaneda, un joven de 14 años militante del Partido Comunista, hoy los jóvenes desaparecidos son por el narcotráfico de la venta de paco, son los explotados en los campos sojeros, los y las rehenes de víctimas de trata sexual por una sociedad proxeneta y patriarcal…

Ayer… La teoría de los dos demonios… Hoy… La Baja de Imputabilidad…

*Lic. en Trabajo Social y se desempeña en el área del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los niños y adolescentes.