La Reforma Laboral, que aprobó el Senado de la Nación, con cuarenta y dos votos a favor y treinta en contra, plantea lo que denomina “mutuo acuerdo”.
Este “mutuo acuerdo”, que en una primera impresión parece razonable dado que ofrece la posibilidad de diálogo y encuentro entre partes, pierde eficacia y validez en la práctica concreta porque las partes a acordar (empleadora y trabajadora) no poseen igualdad de poder y posibilidad operativa.
El/la trabajador/a no negocia, en la realidad, en igualdad de condiciones con el/la empleador/a.
El/la empleador/a contrata, o no, con total libertad a ese/a trabajador/a.
El/la trabajador/a no posee esa libertad
Está urgido/a a emplearse porque de eso depende su mantenimiento y el de su familia, aun de forma precaria.
El empleador/a tiene el poder económico, puede despedir, controla la organización del trabajo.
De tal modo, el “mutuo acuerdo” encubre una situación en la que el consentimiento por parte
de los/as trabajadores/as está condicionado.
Por lo tanto, el consentimiento, desde el lugar del/la trabajador/a, no es verdaderamente libre.
Existe, por ejemplo, una “intimidación” que no es necesariamente explícita, sino estructural.
El “mutuo acuerdo” no es conceptual ni prácticamente neutro e imparcial, en la medida en que una de las partes (la de los trabajadores/as) no es auténticamente libre.
Eso que en la Reforma Laboral en cuestión se designa como “mutuo acuerdo” es denominado por Alfredo Palacios, en su magistral obra “El Nuevo Derecho”, como “libertad liberticida”.
Una libertad que, literalmente, asesina la libertad de la otra parte.
¿La libertad de qué parte? La libertad del/ de la trabajador/a.
El/la empleadora contrata con libertad.
El/la trabajador/a no tiene posibilidad de expresarse.
En el libro mencionado, Alfredo Palacios escribe: “Contra la libertad liberticida menester es proclamar la necesidad de una legislación del trabajo que atenúe la explotación…”.
La Reforma Laboral de la que hablamos, lejos de atenuar la explotación, la amplía, la profundiza, la lleva a situaciones extremas.
Mucho hay que hacer a nivel político, social, jurídico y sindical para que podamos aproximarnos a lo que plantea Alfredo Palacios.