La Procuración General de la Nación creó una unidad fiscal especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y aprobó un protocolo de funcionamiento en esas causas que deberán observar los fiscales del todo el país.
La procuradora Alejandra Gils Carbó designó además a los fiscales Martin Nikilson y Pablo Parenti al frente de dicha unidad, una de cuyas funciones específicas será la de presenciar los actos en los que se procure la obtención de ADN, requisas y allanamientos.
Nikilson y Parenti, que coordina ya la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos, tendrán facultades de intervención como fiscal coadyuvante y ad hoc -respectivamente- en las diferentes causas en trámite y en todas las instancias.
En los últimos años y en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura se registraron 51 condenas por la apropiación de niños y se restituyó la identidad a 107 hijos de desaparecidos.
Las Asociación Abuelas de Plaza de Mayo estima que aún restan ubicar a cerca de 400 niños que continúan siendo víctimas de estos crímenes aberrantes, en desconocimiento de su verdadera identidad.
Esto se debe a que "los casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado tienen en común que en ellos se realizaron maniobras orientadas a ocultar el origen del niño y de este modo alterar su identidad", señala el protocolo que regirá la actividad fiscal en esta causas.
(Telam)