Por Marcelo Torres*... El fenómeno de la violencia familiar y de género continúa afectando a la provincia de Buenos Aires, y principalmente a las mujeres y niñas. Durante el año 2018, según cifras de la Procuración Bonaerense, se iniciaron 75.754 procesos penales de Violencia Familiar y de Género, 102 de ellos fueron por femicidio. El 13,3% de los procesos judiciales iniciados en el año 2018 en el fuero penal de la provincia se relacionan con la problemática. Cada 4 días se produce un Femicidio en nuestro territorio.
Las mujeres continúan sacudiendo el escenario nacional, a través de la movilización popular en torno a la consigna #NiUnaMenos. Se han constituido en la manifestación política más relevante de los últimos años, al punto de atraer la atención sobre nuestro país de líderes políticos, referentes académicos, sociales y medios periodísticos de otros países del mundo.
La lucha por los derechos de las mujeres y otras minorías han lograron darle visualización a los hechos que ocurren mayoritariamente al interior de los hogares. Año tras año se incrementa el número de mujeres que se animan a romper el círculo del miedo y denuncian los hechos violentos.
Se observa que en las causas donde se consignan víctimas femeninas, la mayoría de los imputados/sindicados son de sexo masculino (90,5). El delito más denunciado se relaciona con las amenazas y lo siguen las lesiones. En el departamento Judicial Zárate-Campana se iniciaron casi 6000 procesos penales relacionados con la violencia familiar y de género.
A lo largo de los primeros 9 meses de 2019 ya se registraron al menos tres casos en Zárate, de acuerdo con lo que informan las crónicas periodísticas. Estos casos ocurridos en Zárate este año ratifican lo que señalan las estadísticas oficiales. El trauma que sufren los hijos de las víctimas del femicidio es un problema extendido en toda la provincia, durante 2018 al menos 142 hijos e hijas fueron víctimas indirectas.
En el mismo sentido, debe analizarse que según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 67 personas murieron en Argentina en 2018, como consecuencia de crímenes de odio basados en la identidad sexual y falta de acceso a derechos básicos. La mayoría de las víctimas fueron mujeres trans. La provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Salta registran la mayor cantidad de ataque a personas LGBTI.
Sin duda el Estado debe promover y fortalecer los procesos y proyectos orientados a brindar adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. Hay tecnología disponible que puede hacer más efectiva el cumplimiento de las órdenes de restricción. Por tratarse de delitos que ocurren en el ámbito privado el Estado local, al ser el nivel del gobierno más cercano a los ciudadanos, es quien tiene mayor capacidad para la actuación preventiva en los barrios.
Debe implementarse estrategias multiagenciales que coordinen esfuerzos del Estado y de la comunidad, organizada a través de las entidades intermedias, para desarrollar prácticas de cuidado ante los primeros emergentes de la violencia. También es fundamental la capacitación en perspectiva de género de los diversos actores con responsabilidades de prevención e intervención: jueces, fiscales, policías, actores del sistema de salud, de educación.
Los datos que surgen de la información disponible indican que revertir la magnitud del fenómeno requiere multiplicar y sostener los esfuerzos de todas las áreas del Estado en general y en particular de los sistemas de justicia y seguridad, para adecuar su actuación a los estándares internacionales de Derechos Humanos que comprometan al Estado argentino en la persecución y sanción de estos delitos.
La realidad deja poco margen para las excusas.
*Ex Diputado Provincial - Candidato a Concejal por el Frente de Todos