Por Javier Alvarez (Bordeperiodismo - www.mariajuliaolivan.com.ar).... Más de 6,4 millones de argentinos aún no tienen acceso al agua potable. Villas de emergencia, parajes rurales y poblados indígenas son los más afectados. La escasez impacta de lleno contra la salud y genera desigualdad. Datos para pensar sobre un flagelo por resolver.
La Argentina es uno de los países del mundo con mayor reserva de agua dulce apta para consumo de las personas. Tiene ríos, lagunas, esteros y gran parte de ella flota sobre el Acuífero Guaraní. Y sin embargo, millones de habitantes aún no cuentan con ese insumo básico, elemental, cuyo acceso es un derecho humano clave para la salud, según la ONU.
Datos del Censo de Población y Viviendas 2010 (son los últimos datos oficiales disponibles) indican que las redes de agua corriente crecieron a nivel nacional desde el 80,1 por ciento de hogares en 2001 al 83,9% una década después. Al menos 6,4 millones de personas no cuentan, entonces, con agua potable, en 1,9 millones de hogares.
Las regiones con mayor crecimiento fueron el NOA y NEA, reflejando coberturas del 88,6 y 78 por ciento, respectivamente, hasta el 2010. El kirchnerismo atendió la recuperación de aquellas provincias más relegadas en años anteriores e incluso señaladas como “inviables” durante los ‘90. Pero aún falta. Y falta mucho.
Si bien la red de agua corriente se extendió en los grandes centros urbanos en los últimos años, aún quedan provincias como Formosa y Misiones donde el 30 por ciento de la población está al margen, no tiene conexión. Situaciones similares atraviesan Santiago del Estero, Chaco y el conurbano bonaerense.
Mientras, casi 19 millones de personas (la mitad de la población del país) no tienen acceso a servicios de saneamiento como alcantarillado y cloacas. El desarrollo de los desagües cloacales mostró se expandió desde el 47,2% en 2001 al 53,1% en 2010: se incluyeron 1.718.916 hogares a la red cloacal, en todo el país.
Las villas de emergencia, los parajes rurales y los poblados indígenas alejados de las capitales provinciales son los que más padecen el faltante de redes sanitarias. Eso agrava la situación de extrema pobreza en que se vive en la mayoría de los casos. Esas personas deben consumir agua de pozo, perforación, lluvia, acarreo en cisterna, o directamente de un río, canal o arroyo. Son condiciones sanitarias que ni siquiera rozan parámetros óptimos para la salud.
La comunidad aborigen Wichí que vive en Misión Nueva Pompeya, en el extremo Noroeste de Chaco, en el espeso monte (o en lo que la expansión agroganadera y su consecuente desmonte dejaron de él) y sufre la escasez de agua. Con temperaturas de uno o dos grados en invierno y 45 en verano, la escasez de agua se mezcla con las condiciones de miseria.
Los aborígenes se abastecen de agua en las lagunas, pero cuando estas se secan por condiciones climáticas adversas, recurren a los abrevaderos de animales domésticos y silvestres, con presencia de bacterias fecales. De los contrario deben caminar varias horas, diez o veinte kilómetros para encontrar una canilla comunitaria.
Y en algunos pueblos, como Pampa del Indio, a 220 kilómetros el noroeste de Resistencia, los problemas del suministro de energía eléctrica le suman dramatismo al abastecimiento de agua: las plantas de bombeos dependen de usinas locales que ante la elevada demanda por el intenso calor del verano, colapsan.
Según informó el gobierno chaqueño al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) el Chaco terminaría en 2015 los tres acueductos financiados por el Banco Nacional de Desenvolvimiento (BNDES) de Brasil. Eso mejoraría la situación en la provincia, no la resolvería.
Pero los problemas con el suministro no se ciñen sólo al norte del país. En Centenario, una ciudad del departamento Confluencia en la provincia del Neuquén, el municipio acarrea actualmente 120.000 litros de agua diarios en camiones cisterna a los barrios y las zonas altas.
Ocurre allí que el agua corriente se corta cada vez que se incrementa el consumo, por la falta de presión. La red se extendió pero el sistema de bombeo sigue siendo el mismo que una década atrás y no da abasto. Una realidad que se repite en la mayoría de los pueblos con cortes intermitentes en el servicio. Los problemas aumentan, claro, cuando sube la temperatura.
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos municipal espera contratar dos camiones cisternas más para el verano y se esperanza en que se termine el acueducto “Mari Menuco” en marzo, que llevará agua potable a Neuquén, Centenario, Plottier, Senillosa y Vista Alegre, para una población final de 1 millón de habitantes.
Y la escasez del recurso no es el único flagelo, dado que como 9 de Julio muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires sufren la contaminación por arsénico u otros elementos químicos volcados a los afluentes y napas del suelo por las industrias. En un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a los jueces de todo el país que tutelen el derecho de la población al acceso al agua potable por ser un “un bien público fundamental para la vida y la salud”.
Fue al resolver la causa contra la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) por el alto nivel de contaminación de arsénico en el agua distribuida en la localidad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Los integrantes de la Corte advirtieron que “los jueces deben buscar soluciones procesales que utilicen las vías más rápidas a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales”. Es así como por contaminación o inexistencia del servicio, millones de argentinos siguen a la espera de agua clara y salubre.