Mientras espera en el penal de Campana que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida si revisa su condena a 15 años de prisión por abuso de menores, el sacerdote Julio César Grassi recibió una mala noticia: una fiscal de Morón resolvió citarlo a declaración indagatoria ya que considera que hay pruebas de que desvió donaciones de la Fundación Felices Los Niños en beneficio propio. Puntualmente se lo acusa de hacerse llevar alimentos destinados a los chicos a la cárcel donde está detenido.
Según pudo confirmar Clarín, la fiscal Adriana Suárez Corripio fijó la audiencia para escuchar a Grassi, de 59 años, para el próximo lunes 7 de septiembre a las 9 de la mañana. Pero el cura no será el único en responder sobre una serie de irregularidades. Declararán también en indagatoria otras diez personas, entre ellas el chofer del sacerdote, el portero de la Fundación y dos religiosas.
Esta última causa que enfrenta nuevamente a Grassi con la Justicia de Morón comenzó el año pasado a raíz de una denuncia difundida en el programa “Periodismo Para Todos” (PPT), que conduce Jorge Lanata.
De acuerdo a la investigación periodística, aún estando preso desde 2013, Grassi manejaba la Fundación Felices Los Niños e incluso desviaba hacia el penal de Campana parte de los alimentos donados.
“La verdad es que acá pasaba de todo. La comida desaparecía y mucha estaba en mal estado. Era un descontrol total”, le dijo ayer a ClarínJuan Manuel Casolati, actual presidente de la Fundación Felices Los Niños, quien era director de Hogares de la misma institución cuando realizó la denuncia en 2014.
“Fue el propio Grassi el que en 2013 me convocó para que lo ayudara porque yo tengo una fundación (Comprometerse Más) y conocía la zona y la problemática. Pero me di cuenta de que algo raro pasaba. En 2014 lo confirmé cuando un preso me dijo que en el penal de Campana se comía mucho mejor desde que Grassi estaba detenido allá”, agregó Casolati, que trabaja ad honórem en la Fundación pero es secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín.
Los once citados a indagatoria por la fiscal de Morón Suárez Corripio están acusados de los delitos de malversación y peculado, delitos que contemplan una pena de hasta seis años de prisión.