El proyecto del diputado Héctor Recalde (Frente para la Victoria) para investigar el rol de las empresas durante la dictadura generó el rechazo de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Además, hubo un allanamiento en las oficinas de Siderca (del grupo Techint) en su planta de Campana y en la ciudad de Buenos Aires. Arrancó pasado el mediodía del viernes y terminó a las 19.30.
“Manifestamos el rechazo al proyecto de ley para crear una comisión Bicameral que acusaría a los factores productivos de la Argentina por su desempeño durante la última dictadura militar”, expresó la AEA en un comunicado.
“Esta iniciativa está orientada a estigmatizar al empresariado, actor social responsable de la generación del 80% del empleo, del 100% de las exportaciones, y de inversiones cruciales para el desarrollo del país”, señalaron.
“Cuando Recalde, como miembro informante, presentó el proyecto, empezó a mencionar empresas con nombre y apellido”, explicó Adrián Kaufmann Brea –titular de la Unión Industrial Argentina (UIA)– en una entrevista publicada por Clarín, Recalde dijo: “Se avanzó mucho en identificar algunas empresas cómplices como Mercedes Benz, Ford, Celulosa, Ledesma, La Veloz del Norte, Acindar, Techint, Siderca”. A lo que Kaufmann agregó: “Eso es prejuzgamiento”.
“La AEA considera que, tal como lo establece la Constitución Nacional, todo ilícito que se cometa en cualquier ámbito, debe ser penalizado mediante el debido proceso por el Poder Judicial”, marcaron las empresas. “Este proyecto es particularmente inoportuno en un momento en que debe fomentarse la concordia entre todos los argentinos”, agregaron.
“El allanamiento a Siderca tuvo como finalidad el requerimiento y preservación de documentos, que podrían ser utilizados en el marco de futuras acciones judiciales”, declararon desde Techint.
Los papeles revisados tienen que ver con posibles investigaciones de “ hechos ocurridos durante el período 1974-1976 y el período 1976-1983”, informó Techint. Los juzgados intervinientes son el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián Gonzalez Charvay, y el Juzgado Federal de San Martín, a cargo de Alicia Vence.
"Siderca prestó toda la colaboración que le fue requerida. A su vez manifiesta que, tal como lo ha hecho en forma permanente, colaborará con la Justicia en todo aquello que se le solicite”, destacaron en la compañía del grupo Techint.
“No había necesidad de esta bicameral. Hay que investigar todo lo que haya que investigar, pero no le demos el sentido de estigmatizar a e ir contra las empresas, contra el sector empresario”, había señalado Kaufmann en la entrevista.
“Hay muchas investigaciones y deben hacerse. Pero que lo haga la justicia, con todos los procedimientos que hay para hacerlo, con derecho a defensa”, observó el titular de la UIA. “Salen con este tema a tan poco de irse. Hay que ver si el Senado hace ley el proyecto”, planteó Kaufmann
El nuevo código civil habilitó a las empresas a no retener determinada información. Es decir que pueden desprenderse de ciertos libros contables después de que pase cierto tiempo. Eso habría llevado a los juzgados a acelerar los trámites de requerimiento de información, según abogados que observaron el allanamiento a Siderca.
El accionar del oficialismo también anotó un respaldo. “Es lamentable que la UIA esté en contra de llevar adelante una investigación que tiene como único objetivo alcanzar la verdad”, manifestó Leonardo Rial, titular de la sociedad de garantías recíprocas Garantizar (tiene 15 sucursales). “Esta decisión muestra a las claras los intereses que está defendiendo la nueva conducción de la Unión Industrial, los de los grupos concentrados de poder”.